Gallardón rectifica y amplía la justicia gratuita a las asociaciones ambientales
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer que se ampliará el beneficio de la justicia gratuita a las entidades medioambientales con independencia de sus recursos económicos.
En el debate de las enmiendas de totalidad presentadas por seis grupos de la oposición al proyecto de justicia gratuita, el ministro adelantó que el PP presentará varias enmiendas al articulado para extender este derecho a las asociaciones medioambientales «definidas en su propia normativa» y a los trabajadores, quienes solo serán condenados en costas cuando el juez aprecie temeridad o mala fe.
«Ambas cosas las vamos a hacer con independencia de los recursos de que se disponga», ha indicado Gallardón, para defender que su norma supone un «avance social considerable». «Creo que la solidaridad debe extenderse más allá del criterio monetario», aclara.
Las organizaciones ecologistas se suman así a sindicatos, Cruz Roja y asociaciones de discapacitados, de consumidores y de víctimas de terrorismo ya incluidas en el proyecto. A título individual, el texto también reconoce el derecho a las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata, menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos.
Por su parte, las ONG han aplaudido el anuncio del ministro de ampliar la justicia y recuerdan que el convenio de Aarhus ya reconocía el derecho a una justicia gratuita en materia de medio ambiente.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España felicitan al Ministerio por rectificar y ampliar el beneficio de la justicia gratuita a las entidades medioambientales con independencia de sus recursos.
En nota de prensa, añaden, que las ONG ecologistas son las mejores garantes de la protección ambiental en los tribunales.
Recuerdan que dos leyes de este gobierno, la Ley de Tasas, que suponía un coste inasumible para las ONG ambientales, y la reforma de la Ley de jurisdicción contencioso administrativa que obligaba a los magistrados a imponer las costas a las ONG, hacían prohibitivo que las organizaciones ambientales volvieran a acudir a los tribunales.
Ante esta situación, afirman, la única oportunidad era que las asociaciones medioambientales pudieran acogerse a la justicia gratuita. Sin embargo, el proyecto de Ley aprobado por el Gobierno no contemplaba esta posibilidad.