Minería
El Gobierno aprueba el decreto que destina 150 M€ a restaurar las minas
El Miteco fía a estas actuaciones, diez en León, la creación de empleo a corto plazo en las cuencas
Cielo abierto de la Vasco en Santa Lucía de Gordón. MARCIANO PÉREZ
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se destinarán 150 millones de euros a financiar las tareas de restauración ambiental de más de 2.000 hectáreas de espacios naturales degradados en las zonas mineras en Aragón, Castilla y León y Principado de Asturias que deberán acometer estas comunidades autónomas. De ellas diez unidades de producción se encuentran en León, las explotaciones de interior de Alto Bierzo, el pozo Emilio del Valle y el pozo Salgueiro. Las siete restantes son cielos abiertos como la Gran Corta de Fabero y el cielo abierto de la Hullera Vasco Leonesa en Santa Lucía de Gordón. Estas ayudas directas, que se ejecutarán entre 2021 y 2021, provienen de la Componente 10 del el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, generarán «empleo en el corto plazo» en estas zonas afectadas por la transición energética, priorizando la contratación de trabajadores excedentes de la minería del carbón.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, resaltó ayer que «queremos acompañar a los gobiernos de Asturias, Castilla y León y Aragón para poder asegurar que las pesonas que viven en esas comarcas con antiguas explotaciones mineras puedan recuperar el territorio y puedan garantizar la seguridad de aquellas zonas donde se requiera poder fortalecer esta situación». La ministra aseveró que «estas tareas de restauración ambiental tan importantes deben ser llevadas a cabo en primera instancia y siempre que sea posible a través de los trabajadores incluidos en la bolsa de trabajo que se abrió en el momento en que cerraron las explotaciones mineras». Se trata de «una pequeña pieza más importante para recuperar el entorno y generar una primera oportunidad significativa para aquellos trabajadores que figuran en la bolsa de trabajo mientras seguimos avanzando en la construcción de oportunidades de acompañamiento en otros emprendimientos en cada uno de estos ámbitos», según destacó Ribera.
Las ayudas, según informa el Gobierno forman parte del «ejercicio de su compromiso con la solución de los problemas pendientes en los territorios de transición justa».La subvención financiará el coste total de las tareas de restauración ambiental de las que son subsidiarias ya que las empresas mineras que cerraron en 2018 no realizaron la restauración por encontrarse en liquidación o concurso de acreedores y los avales retenidos por las autoridades mineras resultaban claramente insuficientes.
Con estos fondos se rehabilitarán y recuperarán más de 2.000 hectáreas de espacio natural degradado por la actividad minera del carbón para recuperar sus características originales o adecuar el suelo para nuevos usos como el agrícola, el ocio o la creación de suelo industrial.
En la cola
El Gobierno confía en que los proyectos que se lleven a cabo sumen beneficios a estos territorios, tales como la recuperación y protección de la biodiversidad, la generación de nueva actividad económica o la atracción de nuevas empresas. Este Plan de Restauración supondrá la culminación de las actividades de restauración de las minas que cerraron a 31 de diciembre de 2018, respondiendo así a los compromisos y obligaciones asumidas por nuestro país ante la Comisión Europea.
El Instituto para la Transición Justa ha canalizado para empresas las ayudas destinadas a cubrir los costes de restauración producidos por el cierre de unidades de producción de carbón. Desde el año 2020, se les han concedido ayudas por valor de 21.924.253 euros. Con esta medida adicional se facilita a las comunidades autónomas la posibilidad de restaurar explotaciones que se encontraban en concurso de acreedores o liquidación y que pasaban a ser su responsabilidad subsidiaria.
Las ayudas buscan subsanar la situación derivada de la extracción del carbón como son la descontaminación de los terrenos para recuperar el equilibrio de los ecosistemas y prepararlos para poder desarrollar en ellos nuevas actividades sin poner en riesgo la salud de las personas; la reparación del impacto en el paisaje de las explotaciones mineras a cielo abierto y la descontaminación de cauces fluviales y masas de agua, así como la recuperación de los recursos naturales de las zonas degradadas.