jueves. 09.02.2023

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Ministerio del Interior, aprobó ayer dos reales decretos que determinan los planes de gestión del riesgo de inundación (PGRI) de las demarcaciones intercomunitarias del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Segura, Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla, y la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa.

El presupuesto total previsto es de 2.235 millones de euros, según el departamento, que detalla que estos planes son una herramienta clave para planificar y reducir el riesgo de inundación en los próximos seis años. Por ello, incluyen medidas que consideran todas las fases del ciclo de gestión del riesgo, prevención, protección, preparación y recuperación.

En su elaboración se ha tenido en cuenta la implicación de todas las administraciones y de la sociedad. Los PGRI profundizan especialmente en el estudio del impacto del cambio climático para prepararse a sus peores impactos, de acuerdo con la Directiva de Inundaciones y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Una de las medidas más importantes previstas en este ciclo es la elaboración e implantación de una Estrategia Nacional de Comunicación del riesgo de inundación y adaptación al cambio climático. Así, los PGRI suponen la consolidación de los programas de adaptación al riesgo de inundación, e incluyen el desarrollo de programas específicos para el incremento de la resiliencia y la adaptación al riesgo de inundación en los sectores o ámbitos territoriales más severamente afectados a través de reales decretos de ayudas como los aprobados para diversos municipios del Campo de Cartagena.

Predicción y alerta

En este segundo ciclo está prevista la implantación de dos herramientas que contempla la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la Red Nacional de Información sobre Protección Civil (Ley 17/2015) con el objeto de interconectar todos los datos e informaciones necesarias para garantizar respuestas eficaces ante la emergencia entre las Administraciones Públicas competentes, y la Red de Alerta Nacional.

El Gobierno destina 2.235 M€ a actualizar los planes de gestión del riesgo de inundaciones
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