Diario de León

Igea, sobre Victorino Alonso: "Es lo más repugnante que he visto durante la pandemia"

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. NACHO GALLEGO

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. NACHO GALLEGO

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 El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha reclamado este jueves que "se haga justicia con toda la severidad que marca la ley" ante la inclusión del empresario minero leonés Victorino Alonso en los denominados papales de Pandora, una investigación periodística que le atribuye 30 millones de dólares en paraísos fiscales.

"Que la ley y la justicia hagan su trabajo y que, quien incumpla la ley sea castigado", ha afirmado el vicepresidente en rueda de prensa tras la reunión del consejo de gobierno.

Ha insistido en que el deseo del Gobierno de Castilla y León en ese asunto es que "se haga justicia con toda la severidad que marca la ley".

"Si no recuerdo mal, también fue uno de los empresarios a los que se les incautó equipos de protección individual al inicio de la pandemia, que es lo más repugnante que se ha visto a lo largo de la pandemia", ha zanjado Igea.

Según la investigación periodística que han difundido El País y La Sexta, Alonso mantenía casi 30 millones de dólares en tres sociedades ocultas en paraísos fiscales.

Concretamente, ambos medios citan la sociedad Herriard Limited en las Islas Vírgenes Británicas, que estuvo operativa de 1996 a 2018; Zimco Bunisses, en Panamá, que en 2009 pasó a denominarse Watercard Holdings, y Neilmar Investments, constituida en 2016.

El patrimonio total de este ultima sociedad ascendía a entre 25 y 30 millones de dólares.

Alonso, conocido como el 'Rey del carbón' y uno de los empresarios privados más importantes del sector minero durante las últimas décadas, fue condenado en los últimos años en diversos procesos judiciales por daños al medio ambiente y en todos en ellos se declaró insolvente para eludir el pago de indemnizaciones.

La condena más llamativa le llegó en enero de 2018 cuando la Audiencia de Huesca le impuso una pena de 2 años de prisión y el pago de 25,5 millones de euros como responsable de la destrucción del yacimiento prehistórico de la Cueva de Chaves, uno de los más importantes del neolítico español y europeo

 

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