La investigación en la Junta se limitará a los planes desde 1998
La comisión de investigación abierta en las Cortes sobre el análisis de las ayudas a la minería acordó ayer centrar el trabajo en el periodo 1998-2018, el período en el que se pusieron en marcha tres planes del carbón por valor de más de 1.000 millones. Aunque ninguno de los grupos habla de posibles irregularidades en su gestión, tanto PSOE como UPL creen que no han dado los efectos esperados para la reactivación de las cuencas y culpan de ello directamente a la Junta de Castilla y León. Los grupos pedirán ahora documentación a la Junta -no se ha fijado un plazo- sobre las ayudas destinadas a infraestructura en la zona y a proyectos de promotores para después determinar las personas que deberán comparecer en esta comisión, la tercera creada en esta legislatura a instancia del acuerdo de gobierno entre PP y Cs.
El procurador de UPL Luis Mariano Santos propuso que se investigara desde 1991, cuando se inició la reconversión con el cierre de Hullera de Sabero, y reclamó no poner el foco sólo en obras de los ayuntamientos, sino en fiscalizar ayudas a inversores que después deslocalizaron las empresas.
En el mismo sentido se manifestó el procurador socialista Javier Campos, que reclamó «ver quién, cómo se elegían los proyectos y a quién se daban». Y concluyó que PP y Cs «no tienen claro» como quieren abordar el trabajo de esta comisión.