El juez sienta en el banquillo e impone una fianza de 66 millones a Victorino Alonso

El empresario leonés Victorino Alonso García se sentará en el banquillo de los acusados para responder por los daños que presuntamente causó en la cueva de Chaves, un yacimiento prehistórico del municipio de Casbas (provincia de Huesca), incluido en los terrenos en los que una empresa de su control, Fimbas, S.A., posee y gestiona un coto de caza, y en la que otra empresa de la que es principal accionista, Ferpi Tranportes y Obras, ejecutó unas obras de acondicionamiento de pistas y otras infraestructuras en 2007 que además de dar al traste con los restos arqueológicos podrían suponer un delito contra el medio ambiente.

El auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca por el que se ordena la apertura de juicio oral contra el empresario minero —actualmente en libertad provisional por el caso— llama la atención por la alta fianza que le impone: 66.276.093 euros, para asegurar el pago de la responsabilidad civil en la que podría derivarse de los hechos que se juzgarán, así como por dejar la puerta abierta no sólo al delito contra el patrimonio sino, además, al atentado contra el medio ambiente, que descartó la Audiencia Provincial de Huesca al resolver los recursos de las acusaciones particulares y del letrado del empresario contra el auto que instaba a las partes personadas a formular acusaciones o solicitar el sobreseimiento de la causa.

Según fuentes del caso, la fianza podría ser resultado de sumar las indemnizaciones que solicitan las partes, así como las multas que se proponen. El plazo para abonar la fianza expira hoy para Alonso y el lunes para los responsables subsidiarios —las empresas Fimbas, Ferpi y una aseguradora—. Si no se depositara la cantidad se procederá al embargo de los bienes del empresario.

Las acusaciones

La Fiscalía solicita para el empresario 2 años y 8 meses de prisión por un delito contra el patrimonio, además de cometer a su cargo medidas para restituir el daño en la parte del yacimiento que todavía existe, así como a indemnizar al Gobierno de Aragón con 14.311.640,86 euros, además de otras penas accesorias.

Por su parte, Ecologistas en Acción solicita tres años y multa de 24 meses por un delito contra el patrimonio, además de 50.681.160 de indemnización, así como la misma pena de prisión y multa por delito contra el medio ambiente por el que deberá indemnizar a la Comunidad aragonesa según informe pericial de los servicios de Medio Ambiente.

La Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) solicita para el acusado tres años de cárcel y 24 meses de multa a razón de 400 euros por día, y la misma cuantía que en el caso anterior como responsabilidad civil.

El letrado del Gobierno de Aragón se persona como acción civil —renuncia a la acción penal como había denunciado Ecologistas en Acción y la autonomía se apresuró a negar— pide que Alonso indemnice a la Administración aragonesa con 50.981.160 euros o, subsidiariamente, y siempre que no se considere ésta adecuada o probada, en 14.336.141,36 euros.

Las obras en el coto de caza que dañaron el yacimiento se acometieron en octubre de 2007 sin las oportunas licencias que debía haber concedido el Gobierno de Aragón al encontrarse la cueva de Chaves en el entorno del Bien de Interés Cultural de las Cuevas de Solencio. Sin embargo, hasta junio de 2009 no se formuló denuncia de la Comunidad autónoma ante la Fiscalía.

Las obras en un coto que ya despertaba polémica por ofrecer piezas de fauna de la región del Atlas, en Marruecos, consistieron en el acondicionamiento y la construcción de pistas de ocho metros de ancho, represas y embalses en los cursos de agua que atraviesan la finca. La cueva en la que se encontraban los restos prehistóricos, de importancia nacional, se acondicionó como refugio y comedero de especies cinegéticas mediante el empleo de maquinaria pesada.