Un juez tramita el procesamiento del empresario minero Victorino Alonso por arrasar restos del Neolítico

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Huesca considera que el empresario leonés Victorino Alonso pudo cometer un delito contra el patrimonio histórico por las obras acometidas en 2007 en la cueva de Chaves, en el municipio de Casbas de Huesca, que destruyeron un importante yacimiento arqueológico del Neolítico, en el que se habían realizado prospecciones arqueológicas en los años anteriores. En una resolución fechada el día 13, el magistrado cierra la instrucción e insta a la Fiscalía y a las acusaciones particulares a formular escritos de su acusación, solicitando la apertura de juicio oral.

El auto dicta el sobreseimiento de la causa contra otros tres imputados en las diligencias previas: el administrador único y el apoderado de la empresa Fimbas, S.A. —propietaria de la finca Bastarás, donde se encontraba el yacimiento— y el administrador de Ferpi Transportes y Obras, que ejecutó los trabajos en la finca que dieron al traste con unos vestigios valorados en 14.311.640,86 euros. Ninguno de estos, concluye el magistrado, conocía los hechos y ocupaban los cargos «como hombres de paja».

Quien ordenó la ejecución de las obras que destruyeron el patrimonio arqueológico en la cueva fue el empresario minero leonés, que, además, conocía la protección legal de la cueva y la existencia del yacimiento. Éstas se encuadran en un conjunto de trabajos que afectaron también a la finca en la que se encuentra la gruta, un coto privado de caza.

Bien de Interés Cultural

El juez apunta que la cueva de Chaves «es un yacimiento arqueológico de referencia» nacional y se encuadra en el entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) de las cuevas de Solencio, por lo que cualquier actuación en la finca «requería el imprescindible permiso de la Dirección General de Patrimonio» del Gobierno de Aragón. Fue el Ejecutivo aragonés el que denunció ante la Fiscalía la destrucción de los restos arqueológicos el 12 de junio de 2009, tras conocer las obras ejecutadas «aproximadamente en octubre de 2007». También se han personado en la causa como acusaciones particulares Ecologistas en Acción y la Asociación de Acción Pública en Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa).

Las obras ejecutadas en la finca, que llegaban hasta la boca de la cueva de Chaves, consistieron en el acondicionamiento, ampliación, y creación de pistas de más de 8 metros de anchura, así como represas y embalses en los cursos de agua existentes», describe el auto. En el interior de la cueva de Chaves se utilizaron «medios mecánicos de gran tonelaje» para retirar «bloques caídos del techo de la cueva, que protegían y sellaban los niveles arqueológicos subyacentes.

La investigación judicial calcula que de la cavidad se extrajeron «2.247 metros cúbicos de sedimentos, quedando afectado el yacimiento de forma irreversible», más en concreto el nivel de restos pertenecientes al Neolítico, con «1.017 metros cúbicos de sedimentos arqueológicos extraídos».

Según Apudepa, la cueva pasó de yacimiento arqueológico a convertirse en refugio y comedero de las especies cinegéticas de la finca, labor en la que se utilizó, apuntó la asociación, una retroexcavadora.