El fiscal pide que se investigue si más ingenieros de la Vasco tienen seguros de responsabilidad

La "revelación inesperada" de que al menos dos ingenieros acusados en el caso de la Hullera Vasco Leonesa tienen seguros de responsabilidad civil que cubren el accidente del Pozo Emilio del Valle hace necesaria la suspensión de la vista oral en el proceso penal hasta que la aseguradora implicada se persone en una fase de instrucción que deberá complementarse. Lo que obliga a suspender el juicio que debía haber comenzado la semana pasada. Es la opinión del fiscal en la vista celebrada esta mañana en el Juzgado de lo Penal 2 de León, en la que las acusaciones han solicitado la nulidad de las actuaciones para volver a la fase de instrucción. También las defensas han considerado imposible seguir con el procedimiento en estas circunstancias, aunque han negado que se haya producido ocultación de documentación alguna. 

La jueza ha decidido suspender las declaraciones previstas para mañana y ha anunciado que, con los argumentos presentados, dará a conocer su decisión en los próximos días. 

 

Los argumentos

Tanto el fiscal como los abogados de las acusaciones por el accidente de la Hullera Vasco Leonesa en octubre de 2013 (en el que fallecieron seis mineros y otros ocho resultaron lesionados) han insistido en el Juzgado de lo Penal 2 en que la "revelación inesperada" de que dos de los ingenieros acusados disponen de pólizas de responsabilidad civil que deben satisfacer las indemnizaciones a las víctimas y sus familias debe obligar a suspender el juicio oral que tenía que haber comenzado el pasado día 5; y devolver la investigación a la fase de instrucción para que la aseguradora que recibió esas pólizas (Mapfre) presente la documentación necesaria. 

Aunque las acusaciones han solicitado la nulidad de las actuaciones, y en su caso la suspensión del juicio; el fiscal respalda esta segunda actuación pero no la primera. Entiende el fiscal que sí procede la devolución de la causa para realizar instrucción suplementaria. Recordó también que en los interrogatorios de junio de 2015 se preguntó a los acusados si disponían de seguros particulares, y que "hubo manifestaciones generales de que no lo recordaban", aunque finalmente no se aportaron a la causa. Añade que disponer de las pólizas "es un hecho nuevo que implica nuevas actuaciones".

La defensa de parte de los acusados (entre ellos los dos ingenieros que ya han comunicado sus pólizas) ha rechazado que se haya ocultado la información, y en todo caso ha señalado que los requerimientos no se hicieron de forma adecuada, ni desde entonces se ha hecho requerimiento alguno por parte del juzgado a los acusados sobre este respecto. 

El fiscal considera que no procede declarar la nulidad de las actuaciones porque no existe vulneración de los derechos fundamentales ni defectos de forma que hayan producido indefensión, a pesar de que no se aportaron las pólizas de seguros. 

Sí reconoce que no cabe que las víctimas tengan que seguir adelante con el proceso penal, para iniciar después otro procedimiento civil para reclamar las indemnizaciones que les corresponden por los fallecimientos y las lesiones. "Las víctimas tienen derecho a que se resuelva en el mismo proceso el procedimiento civil y el penal". 

Las familias de los mineros fallecidos y de los heridos han vuelto a acercarse hoy a los juzgados leoneses para mostrar su malestar por el nuevo retraso en un proceso que dura ya más de siete años y medio. 

Por eso considera que continuar con las declaraciones en la vista oral sin "traer a los responsables civiles directos como son las nuevas compañías implicadas, obligaría a las víctimas a iniciar otro procedimiento civil, y eso es una clara vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas". Ante todos estos hechos reclama la suspensión del juicio por revelación inesperada que produce alteraciones sustanciales y obliga a realizar nuevas pruebas de instrucción.

 

Antonio del Valle, a su llegada esta mañana al juzgado. RAMIRO

 

 

Atenuante por dilación indebida

El propio fiscal se ha referido a que el retraso provocado por la suspensión del juicio tendrá efectos en la sentencia que se produzca para los acusados, por el atenuante sobre dilación indebida de procedimiento. 

Una circunstancia que han señalado también parte de las defensas de los acusados, que han negado que en ningún momento se hayan ocultado las pólizas ni haya habido mala fe; otra cuestión es por qué no se requirieron debidamente en su momento esas pruebas y la personación de las aseguradoras en la causa. Las defensas han señalado también la difícil situación por la que atraviesan los acusados en esta causa que dura ya "casi ochos años". 

 

Nuevas pólizas

El fiscal ha señalado también en su informe ante la jueza que a parte de la presentación de toda la documentación exigida a Mapfre sobre las pólizas de seguros de los ingenieros José Eliseo Solís y José Marcos Ulecia, que se iniciaron con el accidente, es necesario que se realicen nuevos oficios para exigir a los consejos de colegios de ingenieros tanto superiores como técnicos a nivel nacional, para que acrediten si hay algún ingeniero más (varios de los acusados lo son) que tenga cobertura por alguno de los seguros colectivos que se contratan para estos colectivos. Para concretar si existen más encausados con cobertura para responsabilidad civil. "Si es así, las compañías aseguradoras deben aportar la documentación y personarse". 

Las acusaciones consideran que las dos pólizas de responsabilidad civil que se declararon la pasada semana, y que han provocado la situación actual, "fueron ocultadas" a pesar de haber sido requeridas en los interrogatorios de 2015; y que esa ocultación es "un hecho no imputable a las acusaciones". Han añadido también que "seguir el proceso con la reserva de acciones civiles perjudica a las víctimas".