La Junta advierte de las «graves consecuencias» de la superpoblación
Muchas especies registran incrementos de población incluso tras la temporada de caza.
En el auto del TSJ hay un voto particular que había propuesto a la sala la desestimación de la suspensión de la medida cautelar de suspensión del decreto que pidió la asociación animalista Pacma. «La mayoría de la sala no ha aceptado esa decisión y hay que acatarlo, pero el magistrado ponente dictó ese voto particular y, más que valorarlo yo, la ciudadanía, y quien tenga interés en ver lo que es para la Comunidad un futuro sin caza durante bastante tiempo, debe leerlo y hacer su propia valoración», explicó que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Este voto defiende que la información aportada por la Junta de Castilla y León para avalar la caza de las especies cinegéticas es «completamente válida» a pesar de haberse elaborado para otros fines, que incluye datos de 2017 en los sistemas de censos de cada temporada y asegura que en todo caso, los demandantes —en este caso Pagma— deberían demostrar también con informes que las especies cinegéticas presentan algún problema de conservación como consecuencia de la caza.
Por eso, el autor del voto, alude al informe del Jefe del Servicio de Caza y Pesca, en que se refiere a los perjuicios que la suspensión de actividad cinegética en Castilla y León. «Según los datos de capturas comunicados por los titulares cinegéticos, es posible afirmar que en las últimas temporadas cinegéticas se han mantenido o incluso, en muchos casos, incrementado sus niveles poblacionales en la Comunidad de Castilla y León», afirma el jefe de sección en su informe.
Además asegura que «los episodios de superpoblación, como consecuencia de la falta de controles poblaciones, especialmente en los ungulados silvestres, ponen el peligro la disponibilidad de recursos tróficos para otras especies que sí están protegidas».
El responsable de Caza y Pesca puso de manifiesto otros perjuicios como consecuencia de la suspensión de la caza, como la siniestralidad viaria por los accidentes ocasionados por la fauna cinegética y víctimas derivadas de los mismos, el impacto económico para los titulares cinegéticos, y para el empleo deCastilla y León, los daños en la agricultura, en la sanidad animal, al sector ganadero y los riesgos para la salud de las personas.