La Junta se agarra al impacto económico de la caza y a la seguridad vial en su nueva ley

Con un nombre nuevo y con planteamientos diferentes, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente sacó ayer a información pública el Anteproyecto de Ley de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León. El nuevo texto, que estará a disposición de la ciudadanía en la plataforma de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León hasta el próximo 17 de enero de 2020, sustituirá a la actual Ley de Caza, vigente desde 1996, y sobre la que pesa un recurso de inconstitucionalidad después de su última modificación efectuada en marzo de este año.

Según explica la consejería, esta nueva normativa trata de adaptar la regulación de la actividad cinegética a los cambios que ha experimentado el medio rural en estos 23 años, haciendo especial hincapié al incremento de los terrenos forestales, y de las especies allí presentes, sobre todo las de caza mayor. Según el anteproyecto, la población de determinadas especies se ha multiplicado en este tiempo, aunque no concreta cifras ni aporta estudios poblaciones al respecto.

Lo que sí se esgrime en este anteproyecto es la importante repercusión económica que la actividad cinegética supone en la comunidad.

De hecho, en la memoria justificativa se expone que dado que Castilla y León concentra el 19% de los terrenos cinegéticos nacionales, con un total de 8.363.530 hectáreas, el impacto económico anual generado por la caza en la comunidad no alcanza los 506.000.000 euros y genera cerca de 8.000 empleos, la mayor parte de ellos vinculados al medio rural. Estas cifran suponen que la caza en Castilla y León implica cerca del 0,8% del PIB de la Comunidad. El texto sentencia que «no cabe duda que si en Castilla y León no se produjese actividad cinegética, los usuarios actuales o potenciales acudirían a las comunidades vecinas o a otros países, lo que supondría un importante revés para la economía y el empleo de Castilla y León». También afirma que «la caza ejerce un efecto enormemente positivo en las políticas de lucha contra la despoblación del medio rural, puesto que crea un fuerte arraigo social y permite dar empleo y generar ingresos para la escasa población que permanece en el medio rural».

La nueva normativa defiende además que este incremento de especies cinegéticas provocan además «situaciones no deseables», como los accidentes de tráfico, y una mayor dificultad para controlar enfermedades de la fauna.

Por lo que se refiere a los accidentes de tráfico, la memoria hace un balance de los siniestros producidos por la fauna silvestre en Castilla y León desde 2014 hasta 2020. Según datos de la Dirección General de Tráfico, recogidos en la memoria del anteproyecto, la siniestralidad viaria ocasionada por atropellos de especies cinegéticas en el periodo 2014-2017 en Castilla y León ha pasado de 4.546 a 8.292 accidentes, es decir, que se ha duplicado.

Los accidentes en los que la especie cinegética causante es el corzo se han incrementado desde los 2.544 en el año 2014 hasta los 4.776 en el año 2017. De hecho, esta especie ocasiona más del 50 % de la siniestralidad viaria ocasionada por fauna silvestre, mientras que el jabalí ocasiona más del 33 %.

Según el informe, todas las provincias de Castilla y León han duplicado su siniestralidad viaria por esta causa, siendo Burgos, León, Soria y Zamora las que registran unos valores más alarmantes. De los 8.292 accidentes provocados por la fauna silvestre en Castilla y León, el 21,60 por ciento tuvieron lugar en León.