Diario de León

La Junta asegura que Eulen no saneará la cabaña ganadera de Valles del Esla

El contrato de saneamiento no interfiere en la cría de animales porque «es un apoyo».

Un veterinario trabaja en el saneamiento de una explotación de ovino.

Un veterinario trabaja en el saneamiento de una explotación de ovino.

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A. Domingo | Redacción
León

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El director general de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Ganadería, Jesús Gómez Sanz, aseguró ayer que serán los servicios veterinarios oficiales los que examinen el ganado de Valles del Esla, ganadería con mayor número de reses de la provincia en la que tiene intereses la familia propietaria de Eulen, empresa que, con Biotecnal, forma la unión temporal de empresas (UTE) a la que se ha adjudicado la campaña de saneamiento ganadero del 2013.

«Desde el 2012 el saneamiento ganadero lo hacen los servicios veterinarios oficiales de la Junta de Castilla y León. Sólo en aquellas unidades veterinarias donde hay una carga ganadera muy importante y que no podemos asumir nosotros es cuando utilizamos a la empresa externa que hemos contratado ahora. Pero, en principio, el saneamiento es responsabilidad de los veterinarios oficiales de la Junta de Castilla y León y, en ese caso concreto, lo van a hacer las unidades veterinarias de la Junta», manifestó Gómez Sanz.

La polémica sobre los intereses de Eulen en el sector como criador y responsable del control de las enfermedades de los rumiantes quedaría así zanjada. «Nosotros no hemos tenido ninguna denuncia o comunicación. Coincide que este año la adjudicataria del saneamiento es una UTE, que la forman Eulen y Biotecnal, y hay una explotación ganadera que es propiedad de la familia del dueño de Eulen, pero nada más. Si hay colisión de intereses, los servicios veterinarios oficiales harán el saneamiento. No vemos que exista ningún problema».

Con respecto al recurso de la segunda licitadora ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, órgano que depende del Consejo Consultivo, Gómez Sanz, explicó que el pliego de cláusulas administrativas establece los criterios de puntuación de unos criterios subjetivos, la memoria técnica de la ejecución del servicio, y la oferta económica como criterio objetivo. Esta última se evalúa «según una fórmula matemática que conocen los licitadores mucho antes de que se presenten las ofertas».

La mesa de contratación da a conocer la valoración de la memoria técnica —los criterios subjetivos— «ante las dos empresas que han realizado la oferta. Una vez que se ha hecho pública esa valoración y para evitar cualquier tipo de suspicacia, se procede a abrir el sobre con la oferta económica». La propuesta de adjudicación resulta de la suma de los puntos obtenidos en ambos bloques de criterios: «La oferta económica de Eulen era, con diferencia, mucho más ventajosa que la de Avescal, con una diferencia de más más de 400.000 euros, sobre un contrato de más de 4 millones», explicó el director general.

La novedad en el concurso para adjudicar el contrato de este año, reconoció Gómez Sanz, reside en el rango para considerar si una oferta ha incurrido en baja temeraria. «Con anterioridad, con un 5% ya se consideraba baja temeraria y en este pliego se ha ampliado a un porcentaje más alto», repuso. La ampliación del porcentaje «es legal» y «la contemplaban los pliegos y nadie los ha recurrido».

Gómez Sanz añadió que Avescal «presentó una alegación cuando se abrió la memoria técnica y la mesa estimó que la UTE tenía capacidad suficiente». Entonces se produce la primera reclamación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales y éste dijo «que no veía base suficiente para admitir la alegación de Avescal». Ahora, este organismo «completamente independiente de la Junta de Castilla y León», decidirá sobre el segundo recurso de Avescal. «La Administración asumirá la decisión del tribunal», aseveró.

La resolución del recurso será rápida: «No llegará a treinta días», aseguró el director de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural, que señaló que el trámite no retrasa la campaña ganadera, «porque se ha iniciado el 1 de enero».

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