La Junta y la Diputación sellan su alianza para acabar con la desconexión rural

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernandez Mañueco, junto con el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones y los presidentes de las nueve diputaciones provinciales firmaron ayer los dos protocolos de colaboración que inciden en dos líneas prioritarias en el mundo rural: Internet y el acceso a la vivienda. En el encuentro, el titular del Gobierno autonómico destacó que «estos acuerdos son en realidad oportunidades, vida y futuro para las personas del medio rural»

Por un lado, las administraciones autonómica y provinciales firmaron un acuerdo para destinar 30 millones de euros —cofinanciados al 50%— para llevar internet de banda ancha de alta velocidad, tanto fija como móvil, a aquellas áreas donde no llegan las operadoras.

Unión pública y privada

Fernández Mañueco aseguró que la mejor opción para proyectos de gran envergadura como este es la unión pública y privada y con ello se conseguirá que la extensión de internet de alta velocidad llegue a todo el territorio porque es básica para el desarrollo rural, para la modernización de la Comunidad y para poder impulsar la transformación digital. “Cerrar la brecha digital aumentará la igualdad de oportunidades”,añadió el presidente, quien señaló que este proyecto facilitará el emprendimiento y abrirá nuevas posibilidades a las empresas, «permitirá incrementar el teletrabajo y que haya más personas que puedan vivir en su pueblo aunque su puesto de trabajo esté asentado en una ciudad; y multiplicará las opciones de ocio y entretenimiento»

Esta medida facilitará también la integración, la eliminación de barreras, la igualdad de oportunidades, el desarrollo y el progreso de la Comunidad «porque hoy la transformación digital ya no es una posibilidad o una opción; es una necesidad irrenunciable», según apostilló el presidente. A esta inversión se sumará la que realiza la Junta de Castilla y León en colaboración con el Gobierno de España. Son 19,5 millones de euros que convocaron el pasado 16 de julio para desplegar redes en zonas sin cobertura.

En cuanto al segundo de los protocolos firmados se trata de impulsar la rehabilitación de edificios de titularidad municipal en desuso en los cascos urbanos del medio rural, para incorporarlos al parque público de alquiler social. Las diputaciones se adhieren al programa Rehabitare para desarrollar un total de 82 actuaciones, con un presupuesto que alcanza los 4,26 millones de euros —confinanciado al 50% entre la Junta y las administraciones provinciales—. El programa prevé el desarrollo de un total de 82 actuaciones.

Este programa, en palabras de Fernández Mañueco, tiene un carácter social, facilitando una vivienda a quien más lo necesita, especialmente a los jóvenes, «fijando y recuperando población en el medio rural, de forma colaborativa y eficiente; aprovechamos el patrimonio inmobiliario en desuso de los pueblos, y contribuimos a enriquecer el parque inmobiliario en el medio rural, generando también actividad económica en dicho medio, gracias a la implicación de las empresas locales en las obras de rehabilitación que se acometan.»

La Junta, por su parte, acometerá la programación ordinaria de ‘Rehabitare’, que prevé invertir algo más de 10 millones de euros y rehabilitar más de 200 viviendas. Con la suma de este programa y el que surge de la implicación de las diputaciones la inversión superará los 14 millones de euros y las viviendas que se rehabilitarán serán unas 300.

En la actualidad los convenios suscritos con ayuntamientos y obispados totalizan una inversión de la Junta en una legislatura superior a 11 millones de euros para la recuperación de 246 viviendas en el medio rural. Han llevado a cabo 3.000 viviendas de alquiler social esta legislatura en Castilla y León.