furtivismo
La Junta expedientó en León a 32 cazadores furtivos durante 2018
Las mayor parte de las infracciones son graves, con multas entre los mil y los cinco mil euros.
Detrás de esta práctica ilegal se esconde el negocio de la venta de trofeos. NORBERTO
La caza furtiva es una de las grandes lacras que afectan a los montes y cotos de caza de la provincia. Al margen del negocio económico que mueve cada año esta actividad ilegal— con la venta de trofeos, como cuernos, colmillos, cabezas e incluso cuerpos enteros para disecar—, el furtivismo causa un daño irreparable al medio natural, ya que por lo general afecta a especies que ya de por sí soportan una importante presión cinegética, y que se quedan al margen de los controles poblacionales que la propia caza requiere para garantizar su conservación.
En la lucha contra esta actividad tipificada por el código penal en los casos más graves, están los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, así como el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
Durante el año 2018, la Junta de Castilla y León tramitó un total de 32 expedientes sancionadores relacionados con esta práctica en la provincia de León. Según fuentes de la Delegación Territorial, el 99% de los casos se dieron en cotos de caza (sólo uno se ha dado en una reserva de caza) y han sido denunciados tanto por la Guardia Civil como por los celadores y agentes medioambientales.
Según indican estas mismas fuentes, la mayor parte de las infracciones responden a caza sin autorización del titular o al ejercicio de la caza en terrenos vedados o fuera de lo acotado.
También, en menor medida, las sanciones se refieren a la caza de noche sin autorización, batidas también sin autorización, transportar cabezas de corzo sin precinto, rebecos sin precinto, cazar con lazos, suelta de perdices sin comunicarlo al servicio territorial de Medio Ambiente o portar arma cargada en terreno vedado.
Infracciones graves
Según el artículo 77 de la Ley 4/1996 de 12 julio de Caza de Castilla y León (modificado por la ley 2/2017 de 4 de julio de Medidas Tributarias y Administrativas), la mayor parte de las infracciones por furtivismo son graves y la sanción correspondiente a dichas infracciones son multas comprendidas entre 1.000,01 euros a 5.000 euros y la posibilidad de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo comprendido entre uno y tres años.
Del mismo modo, el artículo 334.1 del Código Penal contempla como delito, penado hasta con dos años de privación de libertad y retirada del permiso de caza durante cuatro años, la caza de animales en peligro de extinción o de especies protegidas, penas que se agravan si los hechos son cometido en el interior de Parques Naturales.
La Guardia Civil tramitó de enero a octubre de 2018 un total de 124 infracciones administrativas relacionadas con la caza en León, número que ascendió a 259 infracciones en 2017. En estos dos últimos años no se registró ninguna infracción penal por este motivo, y es que son pocos los furtivos que acaban entre rejas.
La Asociación de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl) lleva años denunciando la falta de medios materiales, personales y de formación para frenar este tipo de acciones tan frecuentes en la provincia leonesa.