La Junta ya tiene redactado el Prug definitivo para Picos de Europa

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ya tiene preparado el documento previo a la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión (Prug) del Parque Nacional de Picos de Europa. Tras superar el largo periodo de información pública, en el que Junta ha tenido que contestar a 46 alegaciones presentadas en su territorio, por todas las partes implicadas en la gestión de este espacio protegido, y tras celebrarse la audiencia de interesados, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente presentará el correspondiente informe al Patronato del parque, que se reunirá en breve. Los mismo tendrán que hacer las otras dos comunidades con las que Castilla y León comparte la gestión del parque. En el caso de Cantabria, su consejería ha tenido que dar respuesta a 155 alegaciones, mientras que el Principado de Asturias han sido 260 las cuestiones presentadas. Pasado este trámite, faltaría el informe del Consejo de la Red de Parques Nacionales, el de la asesoría jurídica, y el del Consejo consultivo. Después quedaría pendiente la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta. Todo ello estaba previsto para realizarlo durante este año 2020. A pesar del retraso sufrido por el estado de alerta generado por el Coronavirus, fuentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente aseguran que «aún es posible llegar en este período».

Han hecho falta 15 años para que las tres comunidades implicadas en la gestión del parque — Castilla y León, Asturias y Cantabria—, alcancen un consenso en la elaboración de este instrumento imprescindible para garantizar la conservación de este espacio protegido, después de que en 2005 el plan fuera anulado por el Tribunal Supremo por no contemplar un plan de inversiones que lo complementara.

A parte de establecer los usos y actividades compatibles y suprimir las incompatibles con el parque nacional —cabe recordar que aunque se prohíbe la caza los municipios leoneses cuentan con una moratoria hasta diciembre de este año—, el plan incluye una propuesta de zonificación que determina la intensidad de uso a realizar en cada una, y las actividades autorizadas en función de las características ecológicas, estado de conservación y asentamientos tradicionales.

Las zonas calificadas como reservas, el máximo grado de protección, estarán cerradas a los visitantes salvo permisos especiales con fines científicos, de gestión, de salvamento, policía o vigilancia ambiental. En esa categoría se situarán 7,2 hectáreas en León.