La Junta ve «muy insuficientes» las ayudas al vino estatales a las que complementará
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, insistió ayer en la insuficiencia de las ayudas europeas y estatal para el sector del vino, otro de los grandes afectados por la crisis del coronavirus tras el cierre del canal Horeca, y se comprometió a complementarlas, al igual que ha hecho ya con el lechazo o con el cochinillo.
Carnero criticó en concreto que Europa no haya puesto más dinero sobre la mesa para ayudar a este sector afectado también por la situación del mercado internacional que no está «suficientemente abierto» ni es «tan atractivo».
A esto unió la insatisfacción del Gobierno de Castilla y León respecto al borrador del Real Decreto por el que se establecen las medidas del actual Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE) abierto ahora fruto de la pandemia del coronavirus pero sin mayor partida económica que el consejero castellanoleonés pide ampliar.
Tras significar que las alegaciones remitidas por la Junta a ese borrador han sido apoyadas por las organizaciones profesionales agrarias, por las denominaciones de origen y por las cooperativas del sector, Carnero reiteró su decepción ante la falta de equilibrio entre las distintas zonas vitivinícolas de España.
A modo de ejemplo, recordó que para la destilación de crisis se pretende fijar en un máximo de 2 millones de hectolitros, de los que medio millón será para vinos amparados en denominación de origen protegida y 1,5 millones para el resto de vinos, cuando Castilla y León ve «necesario» un equilibrio con una propuesta al 50 por ciento para ambas categorías.
A esto añadió que el incremento de la ayuda a la destilación de vinos distintos a los de denominación de origen ha pasado de 0,25 euros/litro a 0,30 euros/litro, un aumento «excesivo» por lo que ha defendido que se mantenga en 0,25 euros/litro, como en la propuesta inicial.
También lamentó que no se ha tenido en cuenta el coste de suministro por distancia, en lo que ha considerado una «clara» discriminación a algunos territorios como Castilla y León.