Diario de León

Transición justa

Laciana mantiene sin sellar 32 instalaciones mineras contaminantes y con peligrosidad

La Junta y el Ayuntamiento de Villablino ya han abordado la necesidad de cerrar todas las explotaciones con riesgo

Villablino

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El Ayuntamiento de Villablino enviará a la Junta de Castilla y León un inventario de todas las instalaciones mineras, pozos, chimeneas o bocaminas del municipio que conlleven alguna peligrosidad o un riesgo tanto para las personas como para los animales o el medio ambiente. Un listado que surge a petición de la administración autonómica, según explicó el regidor lacianiego, Mario Rivas, quien explicó que, para la elaboración de este listado, se ha contado con la participación de las distintas juntas vecinales, los servicios técnicos del Ayuntamiento y los sindicatos mineros del municipio. En total, se ha recabado la existencia de e 32 elementos mineros que conllevan algún nivel de peligrosidad.

Concretamente, en la pedanía de Caboalles de Abajo se ubican 10 instalaciones de estas características, entre las que se encuentra el Pozo María, la explotación señera de MSP que se encuentra en un lamentable estado de abandono. En el pueblo de Orallo se encuentran seis elementos que figuran en el listado. Ahí se ubican el Pozo Calderón y la explotación del Feixolín, una zona considerada de alta peligrosidad en sus diferentes planos. A estas poblaciones le siguen, Robles y Caboalles de Arriba, con un total de tres en cada una de las pedanías mientras que con dos elementos de este tipo se encuentran Lumajo, Villaseca, Sosas, San Miguel y Villablino, destacando aquí el lavadero, que se ha desmontado hace un tiempo pero perduran los hierros y la chatarra.

Según explicó Rivas, tras este paso, está previsto la señalización de los elementos mineros, para después comenzar con los trabajos en los que se tenga que actuar de forma inminente por su especial peligrosidad.

Por su parte, desde el secretario de UGT Toño Fernández señaló ayer que esperan que estos trabajos no sean «castillos en el aire» y afirman que es hora de hacer algo «después de estar abandonados durante años». Por su parte, desde CC OO, Omar García destacó que «es una cuestión importante a abordar» especialmente con el lavadero, en donde hay mucha chatarra y escombros. Aunque ambos sindicatos coincidieron al señalar que les gustaría que además de este listado se elaborara un estudio más pormenorizado de este tipo de infraestructuras.

Por su parte, el sindicalista de USO Pablo Ménguez mantuvo que es positivo realizar este tipo de estudios y espera que «de este modo se pueda eliminar la peligrosidad de estas zonas y evitar cualquier accidente»

Por parte de las juntas vecinales, la pedánea de Caboalles de Abajo, María Teresa Martínez, señaló que desde la junta vecinal ya habían puesto en conocimiento de esta situación de peligrosidad a la administración autonómica y que desde este pueblo se están llevando a cabo las gestiones oportunas para ver qué tipo de aprovechamiento se puede realizar en el Pozo María y la financiación que llevaría aparejada. También destacó que se trata de «una gran labor». «Lo veo bien para evitar accidentes», matizó.

Para el presidente de la junta vecinal de Orallo, Jesús González «cualquier iniciativa que se lleve a cabo para evitar accidentes será bien recibida» recordando la gran peligrosidad que existe en el Pozo Calderón, en las balsas de agua o las bocaminas. «Es urgente que se haga algo porque puede surgir un accidente en cualquier momento». Por su parte, el pedáneo de Caboalles de Arriba, Jesús Rodríguez, manifestó que ve positivo este tipo de inventarios para evitar posibles daños.

Las instalaciones mineras que fueron utilizadas por la empresa Coto Minero Cantábrico (CMC) en su momento, siendo la Junta de Castilla y León la responsable subsidiaria de las mismas, y algunas de ellas están en proceso de subasta.

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