«Las autoridades eclesiásticas debieron animar a los padres a denunciar los abusos sexuales»

Habla cinco años después de que la primera víctima de abusos sexuales en el seminario de La Bañeza denunciara al Papa la agresión que tanto él como su hermano sufrieron a manos del cura José Manuel Ramos Gordón. Desde entonces, la vicaría judicial de la Diócesis de Astorga ha recibido cuatro denuncias más que han involucrado en las agresiones sexuales a otro de sus sacerdotes, Ángel Sánchez Cao.

El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, concede la entrevista a Diario de León con dos condiciones: será un cuestionario cerrado y por escrito, sin opción a que el periodista contrapregunte, y en calidad de obispo, no como presidente de la Comisión antipederastia de la Conferencia Episcopal.

En la entrevista asume que los responsables del seminario menor de La Bañeza deberían haber comunicado a los padres de los niños abusados las agresiones, explica que si no se reúne con algunas víctimas es para no infligirlas más dolor, sostiene que no se retiró a Sánchez Cao de su parroquia porque no se considero «necesario» y exculpa de responsabilidad a Javier Redondo. Este es el cuestionario:

—¿Ha podido reunirse ya con víctimas de abusos sexuales?

—Me he reunido con víctimas de abusos cometidos en esta diócesis y con otras víctimas de abusos no relacionadas con la diócesis. Les he manifestado mi deseo de ayudarles en todo lo que humana, moral y legalmente pueda hacer. Solo puedo decir que no hay palabras para explicar el dolor de las víctimas.

—Aunque en el Derecho Canónico no existe el delito de encubrimiento, ¿tiene usted la seguridad de que su vicario episcopal, Javier Redondo, no protegió a Ramos Gordón ante las denuncias de las víctima del Seminario de La Bañeza? ¿Por qué le ha puesto al frente de la parroquia de Sánchez Cao?

—Según me ha manifestado el propio vicario en ningún momento trató de encubrir al compañero sacerdote sino de atender a las víctimas. Puso en conocimiento de su superior lo que los niños le habían dicho. Es posible que el rector lo hubiera comunicado al obispo. No podemos saberlo porque los dos han fallecido. En todo caso, las autoridades eclesiásticas deberían haberlo comunicado a los padres y animarles a que pusieran la denuncia ante las autoridades civiles. Como vicario episcopal está provisionalmente encargado de la parroquia, con la ayuda de otros sacerdotes, hasta que pueda nombrar un nuevo presbítero como administrador parroquial, tal como he prometido a los feligreses en la reunión que mantuve recientemente con ellos.

"Quienes tenían la legitimidad para hacer una denuncia cuando se trata de menores eran los padres o los tutores legítimos"

—¿Por qué no separó a Ángel Sánchez Cao del contacto con menores cuando Emiliano Álvarez de denunció por abusos?

—Porque, examinada la denuncia y las circunstancias, después de consultar a la Congregación para la Doctrina de la fe, no se vio necesario adoptar medidas cautelares.

—¿Cuál es la razón por la cual nunca ha mantenido un encuentro con Emiliano Álvarez?

—Estoy dispuesto a escucharlo y ayudarle en lo que yo pueda. Esta persona registró su denuncia en la vicaría judicial y lo atendieron en el Tribunal. Yo he recibido personalmente a todos los que han denunciado los hechos ante mí como obispo de la diócesis. Quizás hay personas que ni siquiera quieren verme, y eso yo debo respetarlo y no hacer que ninguna acción o iniciativa por mi parte pueda añadir más dolor a su dolor. Insisto en que estaré encantado de poder atenderle y escucharle debidamente.

—¿Ha ofrecido ayuda espiritual y psicológica, tal y como pide la Carta Circular de la CDF de 2011 a las víctimas? En tal caso ¿cómo ha sido?

—En las dos entrevistas que he mantenido con las dos víctimas de abusos, cuyos hechos se han probado, les he ofrecido la posibilidad de ser acompañados espiritual y psicológicamente. En ambos casos me han dicho que no era necesario.

—En el caso de José Manuel Ramos Gordón, ¿se le va a ofrecer tratamiento psicológico para evitar que repita los hechos por los que ha sido condenado, y ahora de nuevo investigado?

—Está siendo acompañado espiritual y psicológicamente.

—¿Dispone la diócesis de psicólogos especializados en tratar a víctimas de abuso sexual? ¿Se les ofreció a las víctimas?

—La diócesis no dispone en estos momentos de psicólogos especializados en estas cuestiones pero para estos casos contamos con la ayuda de otras instituciones eclesiales que tienen buenos equipos técnicos de psicólogos y acompañantes espirituales para ofrecer a las víctimas de abusos todo lo necesario para resarcir el daño que han sufrido y sufren.

—¿Cree que las personas que agreden sexualmente a menores tienen posibilidad de reincidir? ¿Y de ‘curarse’?

—Quizá un psicólogo le pueda explicar mejor que yo esta cuestión. No tengo elementos de juicio para responderle.

—Como jurista y obispo de Astorga, ¿cómo se traslada la tolerancia cero a unos nuevos protocolos jurídicos?

—Esta cuestión no corresponde contestarla al obispo de Astorga porque excede mi competencia.

—¿Serán vinculantes los nuevos protocolos para todas las diócesis españolas?

—Esta cuestión no corresponde al obispo de Astorga contestarla porque excede mi competencia.

—En relación al anterior vicario judicial, Julio Alonso, ¿dimitió o le destituyeron?

—Me presentó su dimisión y la acepté.

"El obispo que trasladó a Ramos Gordón falleció y en los archivos del obispado no hay constancia de las causas de los traslados de los sacerdotes"

—¿Si usted hubiera sido el rector del seminario de La Bañeza, habría acudido a la policía al conocer los abusos denunciados por Javier y su hermano gemelo?

—Quienes tenían la legitimidad para hacer una denuncia cuando se trata de menores eran los padres o los tutores legítimos. El rector debería haberlo comunicado al obispo y a los padres. No sé lo que hizo, pues ha fallecido. Actualmente está claro que si no actúan los padres o los representantes legítimos, la autoridad eclesiástica debe comunicarlo a la Fiscalía de Menores y es a ésta a quien le corresponde actuar.

—¿Por qué trasladaron a José Manuel Ramos Gordón del colegio Juan XXIII al seminario de La Bañeza?

—No lo sé porque el obispo que lo trasladó falleció y en los archivos del obispado no hay constancia de las causas de los traslados de los sacerdotes.

—En el caso de que le hubieran trasladado a causa de los abusos ¿cómo calificaría esta decisión?

—De grave error.

—En los tres procesos que de momento ha habido en la diócesis ¿hay puntos en común que pudieran llevar a pensar que los abusos que tuvieron lugar fueron estructurales?

—Procesos como tales sólo hubo dos y referidos al mismo sacerdote. Las demás actuaciones son investigaciones previas. Los hechos juzgados son similares, aunque ocurrieron en sitios distintos.

"Que una víctima exija resarcimiento económico no le quita legitimidad; pero esa petición debe hacerse claramente en la denuncia o en el proceso"

—¿Advirtió al alcalde de Tábara de la causa de la condena de Ramos Gordón cuando se enteró de que le estaba preparando un homenaje?

—Yo no conocía al alcalde porque acababa de llegar a la diócesis. Cuando fui a presentar al nuevo párroco, una persona me comentó el proyecto que tenían de hacerle una despedida al párroco anterior y yo le indiqué que no procedía organizar nada.

—¿No pudo haber prohibido al sacerdote acudir a su homenaje según la condena impuesta por la Congregación para la Doctrina de la Fe?

—Aunque el precepto penal de la primera condena no contemplaba la restricción del ejercicio del ministerio públicamente, yo le advertí que mientras estuviera cumpliendo la pena no hiciera actos públicos y menos aún recibiera homenajes.

—¿Cree que el hecho de que alguna víctima exija un resarcimiento económico por haber sido abusado le quita legitimidad a su denuncia cuando la norma canónica y la ley de la justicia ordinaria así lo establece ?

—No, no le quita legitimidad; pero esa petición debe hacerse claramente en la denuncia o en el proceso.

—Las víctimas se quejan de que el proceso canónico sólo les ha infligido más daño y dolor. ¿Cree que la Iglesia ha fallado en su derecho a la reparación y a la protección?

—Lamento de corazón que esto sea así. Mi intención siempre ha sido la de estar a su lado, compartir su dolor y tratar de mitigarlo en lo que humana, moral y legalmente pueda hacer. Quiero aclarar que estos casos de abusos están reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe y el obispo diocesano no tiene toda la potestad para resolverlos. Por ejemplo, no puede levantar la prescripción, no puede juzgar los casos si no se lo ordenan, no puede imponer penas perpetuas como la dimisión del estado clerical, etc.

—¿Por qué las víctimas no tuvieron la oportunidad de contar con un abogado en los procesos?

—Las normas procesales dicen que la autoridad eclesiástica debe procurar un abogado, que ha de ser sacerdote, para garantizar el derecho de defensa del acusado. Pero nada impide, pienso yo, que los denunciantes puedan tener la asistencia de un abogado que también debe ser sacerdote.

—¿Qué es el secreto pontificio y cómo se puede llevar a cabo la orden de Benedicto XVI, la cooperación total con la Justicia civil cuando hay un secreto pontificio que se puede utilizar para obstaculizar la investigación?

—El secreto pontificio es una medida que la Santa Sede impone en determinados actos eclesiales con el fin de salvaguardar la libertad de las personas o de las instituciones. Sólo la Santa Sede puede levantar el secreto Pontificio después de examinar las circunstancias concretas de cada caso.

—¿Cómo es posible que el Obispo de Ciudad Real junto con su vicario judicial entregara todas las actas de la investigación previa de un sacerdote acusado de abusar a chicos del seminario menor, a la Fiscalía de Menores, después de entregar esas mismas actas a la CDF? ¿Usted lo ha hecho con los casos de la Diócesis?

—Probablemente la Santa Sede haya levantado el secreto pontificio atendiendo a las circunstancias concretas dado que es un caso reciente y por razón de colaborar con la investigación civil que se lleva a cabo. Respecto a los casos de nuestra diócesis la situación es diferente pues los casos están prescritos civilmente y, por tanto, no ha habido ni investigación ni proceso civil.

—¿Durante los últimos veinte años ¿ha habido más procesos canónicos en la diócesis?

—En la diócesis no tengo constancia de que haya habido otros procesos.

—¿Ha habido alguna denuncia que se haya investigado y se haya descartado por no resultar fiable?

—No. Hasta el momento todas las denuncias que han llegado al Obispado se les ha dado respuesta por el cauce correspondiente.

—¿Ha habido alguna denuncia del seminario mayor de Astorga?

—No.

—Me imagino que en las investigaciones que se han llevado a cabo en los casos de Ramos Gordón y Sánchez Cao habrán descubierto alguna víctima más ¿Se ha puesto en marcha alguna investigación sobre la cantidad de niños que pudieron ser agredidos sexualmente en el Juan XXIII y el seminario de La Bañeza?

—Todas las denuncias que hemos recibido con motivo de la investigación han sido atendidas. Dado que los hechos están prescritos por el tiempo transcurrido, no se puede realizar el proceso hasta que la Congregación para la Doctrina de la Fe levante la prescripción si lo cree conveniente.