Los otros caídos de la ciudad

EN EL HASTA AHORA infructuoso indagar por los desaparecidos de Jiménez de Jamúz, encontramos algunos registros referidos a vecinos de La Bañeza en las harto limitadas listas del historiador leonés Wenceslao Álvarez Oblanca, en las que solo consigna el espeluznante saldo de los 1007 «paseados» y fusilados entre el 23 de julio de 1936 y el 15 de octubre de 1948 que yacen en el cementerio de León, así como los 83 y 42 ejecutados en el verano y el otoño del 36 que ocupan las respectivas fosas comunes de Villadangos y de Valverde de la Virgen. Son algunos de los muchos que en esta villa como en tantos otros lugares cayeron en defensa de la legalidad y la democracia de la que libremente se había dotado el pueblo español, a todos arrebatada por los verdugos de sus vidas, y que, al contrario de la que todavía hoy en memoria de los Caídos por Dios y por España ofendiendo y cercenando la voluntad democrática de sus contemporáneos, denigra más que orna los muros de la Iglesia de Santa María, nunca tuvieron una placa que los recuerde, que los honre y reconozca lo injusto de su caída y la gratitud que reclaman su entrega y heroísmo. Aparece, así, entre las 40 víctimas del salvaje «paseo» colectivo -perpetrado el 12 de octubre de 1936 en el Campo de Fresno de Valverde de la Virgen, aquelarre sangriento, auto de fe y bautismo aquí del nuevo estado surgido de la cruzada- José Rodríguez Fernández, muerto «por arma de fuego» y del que no figuran edad ni profesión, pero del que sabemos por informes que desde la Alcaldía se emiten en 1938 y 1940 para Auxilio Social, que dejó huérfanos. Hallamos, ya en el Registro del Cementerio de León y en el año 1938, a Nemesio Fernández Sorribos, de 44 años, entre un grupo de 7 fusilados el 4 de marzo; y el 29 de julio a José Merino Alon-so, de 23, fusilado con otros dos. Pero antes, el día 7 de febrero de 1937, es fusilado Alfonso Rodríguez Luengo, de 39 años, y sus hijos forman también parte del grupo de 26 huérfanos fusilados y desaparecidos (léase «paseados») que aquellos informes detallan y cuantifican; y el siguiente día Manuel Andrea Olivera, de 75 y, al parecer, bañezano. Bañezanos eran los 16 varones asesinados el 19 de febrero del mismo año: Elías Falagán Martínez, de 32 años, Presidente de la Casa del Pueblo y en San Marcos desde el 17 de agosto. José García González, de 26 años, empleado municipal, depurado y detenido por haber requisado armas. Felipe Huelmo Vilado, de 55 años, bañezano también según creemos. Joaquín Perandones Franco, de 31 años, miembro de la Comisión Gestora Municipal y directivo de La Casa del Pueblo a tenor de lo que en su informe exponen quienes se encargan de ejecutar la extensa y sistemática represión, apresado junto a su hermano Emilio Perandones Franco, de 29 años, también directivo socialista y trasladado a San Marcos el 17 de agosto. Eugenio Sierra Fernández, de 42 años, en San Marcos desde la misma fecha y destacado dirigente del PSOE de quien quedó un hijo. Ángel González González, apodado «Muletas», de 23 años, directivo, conducido también a San Marcos y que dejó una huérfana. Joaquín González Duviz, de 30 años, Gestor Municipal y directivo. Eulogio García González, de apodo Bulona, de 32 años, encargado de la Prisión en el periodo republicano, dejó una hija, y también en San Marcos desde el 17 de agosto. Eumenio Santiago Herrero, de 24 años, detenido por haber incautado armas para oponerse a la rebelión. Mariano Medina Alvarado, directivo del Frente Popular, de 28 años. Bartolomé Otero Gallego, de 30 años, directivo y Presidente del Ramo de la Construcción, de quien quedó un huérfano. Manuel Gutiérrez Vidal, de 30 años, conocido como «Chepa Katiuska», detenido por requisar armas y transportar municiones. Emilio García Collar, de 30 años, directivo, «por colocar explosivos en la carretera de Madrid»; dejó una hija de 2 años. Agapito Martínez Castilla, de 30 años; y Fernando Alba Flórez, de 39, quien había retirado armas en establecimientos bañezanos y requisado un automóvil. Todos, al igual que los otros muertos extrajudiciales, son apresados entre el 21 de julio y el 4 de agosto e integran la amplia nómina de los cerca de 8.000 leoneses que entre julio de 1936 y diciembre de 1940 fueron sometidos en esperpénticas farsas de justicia a sumarísimos sonsejos de Guerra y son asesinados «por parálisis cardiaca» o «hemorragia cerebral» en el polígono de tiro de Puente Castro. Algunos resultaron funestamente «perjudicados» por el celo reglamentario y legalista con el que por la autoridad municipal republicana se realizaron entre el 18 y el 21 de julio, con anotación y libramiento de recibos, las incautaciones de armas y municiones a particulares y comerciantes bañezanos. Tenemos constancia de haber sido «paseados» en diferentes momentos y lugares los siguientes naturales de La Bañeza: Abraham Becares Rodríguez, «directivo de los más destacados», de quien quedaron dos huérfanos, y en San Marcos José Alejo Barrios, detenido «por sabotaje» para impedir la entrada en la villa de las tropas rebeldes. María Alonso Ruiz, apresada «por incitar a los soldados a la rebelión», guarnicionera en la fábrica familiar de la calle Astorga, vicepresidenta de Unión Republicana y asesinada en la carretera de León a Valladolid. Isaac Nistal, «último alcalde marxista y directivo», según informe de sus captores, que dejó un hijo en orfandad. Santiago Antunez, presidente del Sindicato Azucarero que vivía en El Polvorín, y dejó huérfanos. Ángel García, Antonio Núñez y Salustiano Díez, de quienes, sabiendo que todos ellos dejan huérfanos. El traslado por la Guardia Civil a San Marcos el 17 de agosto de siete de estos republicanos «por ser asesores y dirigentes de la Casa del Pueblo» fue protestado por sus familiares, compañeros y convecinos, quienes, conocedores de la terrible suerte que les aguardaba, trataron de impedirlo hasta el extremo de que «a punto se estuvo de tener que lamentar un día sangriento». La memoria de estos caídos y de todas las víctimas del franquismo nos demanda sumarnos al creciente clamor de quienes exigen la retirada de los símbolos de la rebelión, de la ilegalidad, de la humillación, de la dictadura en suma, y al anhelo de quienes proponen el fin del ensañamiento y el establecimiento de la paz entre todos los españoles cuadrando de una vez en este país de manera honesta y para todos las cuentas de nuestra última Guerra Civil. Creemos que, lamentablemente, todas ellas resultan ser aún hoy tareas incumplidas en la ciudad de La Bañeza.