El matadero lleva ocho años cerrado a pesar de ser la promesa estrella de Rivas

El 2 de mayo de 2018 el alcalde de Villablino, Mario Rivas, anunciaba la adjudicación del matadero de Villablino a la empresa catalana Pack and Work S.L. La prensa recogía un día después que tan sólo se había presentado una oferta y que la adjudicataria cumplía con los requisitos que se pedían. Rivas López explicaba que la empresa debería abonar una fianza correspondiente a dos anualidades, por valor de 79.000 euros, aclarando que, no obstante, el pliego de condiciones recogía que se le descontaría la parte correspondiente en el caso de que su proyecto pudiera beneficiarse de las bonificaciones correspondientes: un 25% inicial al que se sumaría un 12% más si acreditaba el servicio de urgencia y otro tanto por la creación de cuatro puestos de trabajo. «Pueden quedarse en unos 5.500 euros anuales, en el caso de que cumplan con las bonificaciones», decía.

El matadero, construido y equipado con fondos Miner, y abierto en 2005, llevaba entonces varios años cerrado, una vez que después de múltiples vicisitudes el único concesionario que ha tenido (hoy acusado de formar, presuntamente, parte de una trama con carne de caballo, pendiente de juicio en la Audiencia Nacional) dejó las instalaciones abandonadas y desvalijadas, como continúan en la actualidad. Además de eso, sus deudas con la Seguridad Social fueron derivadas a las arcas del Ayuntamiento de Villablino, que tuvo que asumir entre la suma principal y los intereses por el aplazamiento una cifra cercana a los 800.000 euros.

El anuncio se producía en pleno proceso de contratación, que se había iniciado el 3 de abril y se prolongaría hasta finales de ese mes. Las sucesivas mesas de contratación dieron al traste con ese anuncio del alcalde y eso a pesar de la insistencia con que Mario Rivas defendió la concesión, un afán que finalizó con la denegación final cuando el propuesto como adjudicatario presentó un documento de un banco de Viena, un banco ‘fantasma’, cuando el pliego estipulaba que la garantía debería ser en metálico.

Una simple búsqueda de la citada empresa desvela parte del ‘meollo’ de las sucesivas discusiones que tuvieron lugar y que, al final, declararon desierta la licitación del contrato. Y es que Pack & Work S.L, que sigue a día de hoy con domicilio social en el polígono industrial de Villager de Laciana, en el propio matadero del que pretendía ser concesionaria, y cuyo administrador único es Francisco Javier Rodríguez, muestra como página web matriz una empresa suiza —Pack & Work— dedicada a prestar servicios a empleados que trasladan su lugar de trabajo actual a otro lugar del mundo durante un cierto período de tiempo y trabajan desde allí como si estuvieran en una oficina en casa para su empleador.

Sin embargo, la actividad de la sociedad limitada ubicada en Villager, no es otra que la de matadero, frigorífico, sala de despiece de ovino, vacuno, cerdo, caprino, caballos, ciervos, etc. Esta fue modificada poco antes de que se presentara al concurso del matadero, ya que antes se centraba en el campo de los servicios de la información y la educación, con sede El Prat de Llobregat (Barcelona).

La primera de las mesas de contratación se celebró el 2 de abril de 2018 y ya entonces uno de los vocales da cuenta de que el domicilio facilitado por la mercantil no es válida. La empresa había puesto en la documentación como domicilio el edificio del matadero, propiedad del propio Ayuntamiento.

La mesa, compuesta por varios concejales y funcionarios municipales, se reunió en su primera sesión presidida por Miguel Ángel Álvarez Maestro y en la segunda por Olga Dolores Santiago, concejales del equipo de gobierno en los que delegó el alcalde, Mario Rivas. Ambos son casualmente los dos únicos que no repitieron en la última lista electoral. El alcalde asumiría personalmente la presidencia de la mesa del matadero en la tercera sesión, para asistir ya a todas las demás y protagonizar un claro interés por adjudicar la instalación municipal de sacrificio animal a la única empresa licitadora.

El ataque de ira de Rivas

El 12 de abril se abre el sobre B, el que da cuenta de la oferta económica y técnica. En ella, los miembros de la mesa ven discrepancias entre el objeto social definido en los estatutos y en la propia memoria de la empresa, con lo que le conceden cinco días para rectificar.

La mesa volvería a reunirse 14 días más tarde en una sesión en la que comienzan las discusiones entre el alcalde y uno de los vocales de la Mesa, que pide la copia del documento facilitado por el licitador —que recoge el programa de inversiones del matadero— y subraya que en él no figura ni el horario en el que se trabajará en el matadero ni la descripción de la inversión, aspectos que se requerían en el pliego de contratación.

Otros dos vocales, uno de ellos el técnico veterinario de la Junta de Castilla y León, solicitaron también copia del documento para su estudio, lo que motivó un ataque de ira de Mario Rivas, que les recriminó las dilataciones y les acusó de ser responsables si el matadero no se abría. El acta recoge pasajes de la conversación en boca de dos de los vocales, que dirigiéndose al alcalde dicen «no te tolero este tipo de presiones» o «no te acepto presiones y no tengo miedo a nada». «Nosotros, cuando venimos aquí, tenemos la responsabilidad de representar a un grupo y podemos tomar las decisiones oportunas, estamos en esta mesa innecesariamente, lo que hay es que valorar la oferta ya, se están dilatando mucho los plazos, hay una empresa interesada y hay que valorar lo que esta presenta», declaró el primer edil, al tiempo que consideraba que no se necesitaba más tiempo para valorar. Sin embargo, ante las peticiones y el consejo legal del secretario municipal, se vio obligado a ceder a la petición que estaban haciendo tres miembros de la mesa.

«Irregularidad grave»

En la siguiente reunión de la mesa de contratación, que sería la última, se da cuenta del escrito presentado por el administrador de Pack & Work S.L para solicitar la ampliación de 30 días para la presentación de toda la documentación requerida. Aunque había hecho llegar algunos documentos, no lo hizo con dos de los más importantes, el certificado de estar al corriente con Hacienda y la garantía económica. Es entonces cuando uno de los concejales manifiesta que conceder una ampliación del plazo para presentar documentación, una vez que el plazo que se había dado ya ha vencido, es una irregularidad legal grave.

El acta recoge, además, las dudas que despertó en algunos de los reunidos el hecho de que se dijera insistentemente que la empresa tenía mucho interés en resolver todo cuanto antes y, sin embargo, transcurrieran varias semanas entre la petición de documentación y sus respuestas. Para cerrar el círculo, la mercantil presenta como aval un documento del Banco de Viena, una entidad financiera que no existe. La mesa declararía definitivamente desierta la licitación, y Mario Rivas vio esfumarse su promesa electoral y su interés por abrir el matadero.