jueves 15/4/21

La mayoría no superan los 50 Mw para sortear las exigencias ambientales del Gobierno central

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé la instalación total de 89,5 gigavatios (Gw) para estas instalaciones industriales en 2030. Según explica la Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábrica, de ellos 36,4 Gw ya están instalados y 53,1 se instalarían en los próximos 10 años. Sin embargo, según datos de Red Eléctrica Española a finales del año 2020 ya hay autorizados con permiso de acceso a la red, 165 GW de renovables (eólica y solar fotovoltaica). El Estudio de Impacto Ambiental Estratégico del PNIEC únicamente evalúa la potencia prevista para 2030, es decir, los 89,5 GW, que es la considerada en la Declaración Ambiental Estratégica (DAE). «En el proceso de evaluación ambiental estratégica se están pasando por alto 75,5 GW ya autorizados y con permiso de conexión a la red, un 84% más de la potencia prevista para 2030», denuncian desde la plataforma.

Por eso defienden que el hecho de que las competencias de planificación territorial sean de las comunidades autónomas, «no significa que el estado no deba establecer criterios generales para esa planificación».

La mayor parte de autorizaciones (en su vertiente industrial y ambiental) están en manos de las autonomías (proyectos de menos de 50 Mw). La potencia tramitada a través de la comunidad autónoma es más del doble que la tramitada a través del ministerio. «Por eso es evidente que gran parte de los proyectos fotovoltaicos y eólicos buscan su tramitación a través de las comunidades autónomas», explican desde la plataforma que consideran que «en el intento de evitar su tramitación a nivel estatal, se ajustan indisimuladamente al límite superior del rango, como se desprende del gran número de proyectos que se quedan exactamente por debajo del límite de 50,01 Mw».

La diferencia es que los parques que tienen 50 o menos Mw son tramitados por las comunidades autónomas, que no tiene obligación de considerar aspectos como la zonificación ambiental ya que no es vinculante. En cambio, la tramitación a través de ministerio puede ser más exigente ya que para el Gobierno sí que tendrán en cuenta al menos la sensibilidad ambiental elaborada por ellos mismos.

La mayoría no superan los 50 Mw para sortear las exigencias ambientales del Gobierno...
Comentarios