Medio Ambiente afirma desconocer prácticas irregulares y sólo admite controles poblacionales

La jefa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Isabel García Álvarez, aseguró ayer que el abatimiento de lobos y zorros por parte del personal de la Reserva de Caza de Riaño responde, en principio, a controles poblacionales «que se realizan de forma habitual» y que cuentan, según afirmó, con las autorizaciones necesarias. García Álvarez negó que dichos controles se estén realizando desde la zona de seguridad, tal y como denuncian las organizaciones conservacionistas, y que, por lo tanto, «no se pone en peligro la seguridad de las personas».

La responsable de Medio Ambiente confirmó que «no se puede disparar desde la zona de seguridad» y que desde la dirección de la Reserva le negaron ayer mismo que se realizaran este tipo de prácticas por parte de celadores de la Junta.

García Álvarez puso así en duda la versión de los siete colectivos que se han dirigido en este sentido a la Consejería de Medio Ambiente, aunque sí señaló que su departamento comprobará si el personal de la reserva dispara desde la carretera, tal y como denuncian los siete colectivos, «y si es así lo evitaremos», concluyó.

La normativa cinegética de Castilla y León prohíbe el uso de armas de caza en una franja de cincuenta metros de anchura a ambos lados de la zona de seguridad en el caso de autopistas, autovías, carreteras nacionales, comarcales o locales. Esta franja se reduce a los veinticinco metros en el caso de otros caminos de uso público y de las vías férreas.

Realizar estas prácticas que atentan contra la seguridad está tipificado en el reglamento como una infracción grave, que se sanciona con multa de 390,40 a 3.903,87 euros y con retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo comprendido entre uno y tres años.