El Miteco aplaza la protección del lobo a final de año por no dejar un «vacío legal»

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aplaza hasta 2022 la decisión de incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies con Protección Especial (Lespre), una medida que prohibirá su caza en León donde actualmente es especie cinegética. Este aplazamiento se realiza para evitar un «vacío legal» y no paralizar los planes de gestión de la especie durante este periodo, según han explicado fuentes del departamento de Teresa Ribera en declaraciones a Europa Press, aunque las organizaciones agrarias consideran que el ministerio da marcha atrás para negociar «desde cero» un nuevo plan de gestión y control del lobo.

La decisión se ha dado a conocer después de la reunión mantenida el pasado miércoles por Asaja, UPA y Coag con el director general de Biodiversidad, Jorge Marquínez, en la que los representantes ganaderos constataron «un giro de 180 grados en la postura del Gobierno en torno al nuevo marco regulatorio sobre la gestión del lobo», según señalaron ayer en un comunicado.

Para el ministerio no se trata de una rectificación sino un aplazamiento del plazo previsto con el objetivo de dar más tiempo a las comunidades autónomas a adaptarse a la orden ministerial. Es un mecanismo transitorio para que sus planes de gestión no queden sin efecto hasta que esté lista la Estrategia Nacional de Gestión de la Especie que estará aprobado, según las fuentes citadas por Europa Press, que afirman que la inclusión del lobo no está en cuestión y que el Gobierno establecerá un procedimiento para que no haya un vacío normativo entre el momento efectivo de la inclusión de la especie y la aprobación de la Estrategia para la Conservación y la Gestión del Lobo. De hecho, ayer por la tarde el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, aseguró que el proceso «sigue siendo el mismo» y que, de hecho, ya se han tratado con los agentes implicados varias cuestiones que «deben quedar resueltas en la propia estrategia».

Morán ha insistido en que no hay cambio alguno en la decisión tomada hasta el momento, aunque ha reconocido la preocupación por el peligro de «un posible vacío normativo» entre el momento en el que se incluya al lobo en el Lespre y el momento en que entre en vigor la estrategia estatal y los planes de gestión de las comunidades autónomas.

Por su parte, las organizaciones agrarias han insistido al Miteco que este proceso deberá partir de un análisis del número real de manadas y ejemplares que existen en España y establecer medidas concretas para facilitar la coexistencia del lobo con la ganadería: control poblacional, ayudas para prevención y compensaciones públicas frente a los daños, al margen del presupuesto de la Política Agraria Común (PAC).

El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, aseguró ayer que en la reunión del miércoles Marquínez «quiso dar cobertura a la realización del ministerio de contemplar al lobo como especie no cinegética con mentiras, con informes absurdos y con propuestas que están lejos de la realidad, de conocer el sector y de pisar el terreno» y pidió dar «más caza» al lobo, al jabalí, a los ciervos y los venados para que haya menos daños.

Sobre la moratoria, WWF-Adena señaló ayer que que ven «muy bien» que se tenga en cuenta la postura de los sindicatos agrarios, pero añade que «la opinión de los ganaderos es solamente una opinión y no puede condicionar la estrategia de conservación de una especie que está el peligro, está amenazada».