Una moción de censura con una tránsfuga para recuperar el poder
Fachada del Ayuntamiento de Ardón. MARCIANO PÉREZ
A mediados de junio de 2020, poco después de que el aún alcalde de Ardón, Constantino López, presentara una denuncia ante la Guardia Civil para que se investigaran las supuestas actividades irregulares en el Ayuntamiento, el grupo municipal del Partido Popular, con Jesús Alonso como portavoz, registró una moción de censura para recuperar la Alcaldía.
En contra del criterio de su partido, la concejala leonesista Coral Chamorro Ordás apoyaba la maniobra que el PP justificó por la «falta de diálogo para llegar a los acuerdos necesarios para gobernar nuestro municipio». En el argumentario, los populares acusaban a López de haber tomado «toda clase de decisiones de manera independiente, unilateral, sin consultar, ni consensuar con el resto de la corporación municipal poniendo claramente de manifiesto su intención de gobernar en solitario a pesar de ser la fuerza menos votada con mucha diferencia, siendo su único interés ser alcalde a cualquier precio».
Finalmente, la moción se votó con el resultado de cuatro votos a favor —tres del PP y la edil tránsfuga de UPL— y tres en contra —los otros dos ediles leonesista y el alcalde socialista—.
Según desveló la dirección de UPL antes de la moción, tras la ruptura del pacto «anti natura» entre PP y PSOE, los leonesistas se ofrecieron a gobernar, puesto que habían sido la lista más votada. Sin embargo, la maniobra del PP con la moción impidió llegar cualquier tipo de acuerdo.
La situación política en el Ayuntamiento dio un vuelco este mismo mes, cuando el alcalde de Ardón destituyó a la edil tránsfuga de sus cargos como concejala delegada y representante de la Mancomunidad, además de suprimir la remuneración que le había asignado.
La medida adoptada por Jesús Alonso respondió a la presentación de un recurso por parte de UPL, en el que la formación leonesista incorporó un informe del Consejo Consultivo de Castilla y León emitido el pasado enero un informe en el que constataba «que no caben los aludidos nombramientos, ni la asignación de retribuciones por ellos, en alguien que ha utilizado el transfuguismo político para su propio beneficio».
El alcalde popular otorgó a la edil tránsfuga unas remuneraciones, en el caso del Ayuntamiento de 895 euros brutos mensuales, más pagas extra y Seguridad Social, y en el caso de la representación de la mancomunidad de 100 euros por asistencia a cada pleno, según señaló entonces UPL.