Mujeres contra Unión Fenosa

María Movilla Torío y Rosario Fernández Redondo mantienen una prolongada pugna con la empresa Unión Fenosa a consecuencia de dos transformadores ubicados en los bajos de sus respectivas viviendas. Las dos vecinas de Astorga dicen padecer trastornos físicos que atribuyen a la actividad de estos equipos, y aseguran que recurrirán al Defensor del Pueblo, el Procurador del Común y el propio presidente del Gobierno, José María Aznar, en busca de una solución. María Movilla, residente en el primer piso del número 19 de la calle Rodríguez de Cela, conserva varias mediciones realizadas por la Policía Local de Astorga entre el 21 de noviembre de 2001 y el 19 de enero de 2004 del nivel de ruido emitido por el transformador, según las cuales éste excede los máximos legales permitidos. Durante el proceso el Ayuntamiento llegó a abrir un expediente administrativo a Unión Fenosa en el año 2002, pero Movilla no alcanzó el éxito en sus protestas. La mujer, que en fecha reciente puso el caso en manos de un abogado, fue diagnosticada de un trastorno depresivo recurrente y, según una valoración psiquiátrica que obra en poder de este periódico, «viene presentando reactivaciones clínicas de forma continuada en los últimos años, probablemente desencadenadas por graves trastornos en la dormición debido a la contaminación acústica que genera un transformador bajo su vivienda». Movilla dijo ingerir nueve pastillas diarias como tratamiento para la depresión, pese a lo cual señaló que es incapaz de dormir en la habitación matrimonial, y que suele despertarse de madrugada con dolor de cabeza. Estados nerviosos Además, aseguró que su marido padece frecuentes estados nerviosos y que su hijo abandonó el domicilio familiar ante sus dificultades para conciliar el sueño por las noches. Por su parte, Rosario Fernández, que vive en el primer piso del número tres de la calle Alcalde Pineda, admitió que las últimas mediciones de la Policía Local del ruido emitido por el transformador están dentro de los márgenes legales -no así una efectuada el 27 de junio de 2002-. Pese a ello, la mujer aseguró verse obligada a tomar pastillas para dormir, padecer dolores de cabeza y cambios de humor sin motivo aparente, e indicó que sus hijos tienen dificultades de concentración para el estudio. Fernández atribuyó todos estos problemas a la actividad del centro de transformación bajo su vivienda, y anunció que solicitará un informe médico que lo demuestre. Por su parte, la empresa Unión Fenosa aseguró que todas las mediciones que ha realizado en ambas viviendas con aparatos homologados ofrecen niveles dentro de los límites permitidos por la ley. Entre dichas mediciones figura la efectuada el pasado 24 de octubre de 2003, a la que tuvo acceso este rotativo. Las dos afectadas dicen sentirse desasistidas por parte de la compañía y del Ayuntamiento, y confían en una próxima modificación de la normativa reguladora de la emisión de ruidos que rebaje el tope máximo de decibelios y endurezca las sanciones a los incumplimientos. El alcalde, Juan José Alonso Perandones, indicó que el Ayuntamiento viene siguiendo y actuando en ambos casos desde hace tiempo. Respecto al de Movilla apuntó que «el municipio requirió a la empresa que dé una solución definitiva a este problema, que la afectada viene sufriendo desde hace tiempo». Además, admitió que las sucesivas mediciones realizadas en su vivienda y en el centro de transformación por la Policía Local y Unión Fenosa «son contradictorias». «Todo parece indicar que hay momentos en que suben los decibelios», señaló. Perandones añadió que «el alcalde tendría capacidad para realizar un corte de luz de manera legal, pero es muy delicado dejar sin suministro a gran parte de la ciudad». En cuanto a la situación de Fernández, recordó: «La medición, que se hizo a la hora que pidió esta vecina, está por debajo de los límites que marca la normativa, por lo que, legalmente, no tenemos nada que decir. También pedimos a Unión Fenosa que hiciesen mejoras», añadió.