Diario de León

Medio Ambiente

Ocho municipios son vulnerables a sufrir la contaminación por nitratos

La Junta aprueba el decreto que amplía en más de 10.000 km2 el territorio que hay que proteger

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El suelo de ocho municipios de la comarca del Páramo está en riesgo de ser contaminado a causa de la filtración de nitratos. Son Bustillo, Urdiales, Santa María, Laguna Dalga, Bercianos, Pobladura de Pelayo García, Zotes y Laguna de Negrillos los ayuntamientos que están incluidos en una de las zonas vulnerables que ha diseñado la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el Proyecto de Decreto por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero y que ayer fue aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta. Con esta nueva normativa, se amplía en más de 10.000 kilómetros cuadrados la superficie que necesita protección en Castilla y León, pasando de 2.340 kilómetros cuadrados a 14.414.

Esto supone tener una figura de protección sobre el 15% de la superficie de la Comunidad, que representa el 20% de la superficie agraria útil de Castilla y León.

Las zonas vulnerables incluyen no solamente a aquellos municipios donde se detecta la contaminación, sino que incluye otros municipios próximos, ya que la contaminación puede estar introduciéndose en un sitio y detectándose en otro.

Según señala la Junta, este nuevo decreto «da un paso más en la protección del medio ambiente que debe ser un elemento esencial para la consecución de una calidad ambiental adecuada y compatible con el desarrollo sostenible».

Discrepancias

Asaja no comparte los criterios adoptados ni el peso de la agroganadería en la contaminación

Con la normativa se aprobará también el Código de Buenas Prácticas Agrarias (CBPA), cuyo objetivo es poner a disposición del sector agrario la información necesaria para que la actividad que se desarrolle no perjudique la capacidad edáfica de los suelos y mantenga la calidad de los mismos, mejore la productividad de los cultivos y adopte medidas preventivas frente a la contaminación nitrogenada de las aguas; para que realice una actividad agrícola racional.

Por su parte, Asaja reiteró ayer su disconformidad por no compartir los criterios que se han tenido en cuenta ni el peso que se le atribuye al sector agroganadero en esa contaminación.

Según indica en un comunicado, los mismos estudios oficiales reconocen que, aún en el caso de proceder de fuentes de origen agrícola y ganadero, se trata de una contaminación «difusa», que no obedece a un patrón único identificable.

Por ejemplo, se incluyen zonas en las que abunda la ganadería y otras en las que no, zonas en las que existe una agricultura más intensiva y otras en las que no. Por lo tanto, la propia administración reconoce que no hay relación directa entre la contaminación por nitratos y la ganadería o la agricultura más intensiva, apunta Asaja.

La organización tampoco está de acuerdo con muchas de las medidas correctoras, que «resultan cuando menos de eficacia dudosa y que supondrán un freno a la productividad de las explotaciones», y apunta también a un claro oportunismo político para dar satisfacción a la presión que ejercen determinados grupos conservacionistas.

Asaja señala que la actividad agrícola es la única actividad económica en la mayor parte del territorio. «En general es poco productiva, lo que exige optimizar los recursos empleados, por lo que el ahorro de costes es un factor determinante. Por ello, el agricultor no hace aportaciones de abonado por encima de lo necesario, porque sería un lastre para su productividad y menos cuando hay sequía, porque perjudica agronómicamente y en regadío la modernización es continua, sustituyendo sistemas obsoletos para evitar escorrentías y pérdidas de nutrientes», mantiene.

Asaja señala que hace una defensa especial de la ganadería, actividad que es fundamental para la economía y que es la que más población fija todo el año. Castilla y León tiene una baja carga ganadera, y el uso del abono orgánico en la amplia superficie agrícola de la Comunidad Autónoma no tiene por qué suponer un problema medioambiental.

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