Piden la inhabilitación para la anterior junta de gobierno por prevaricación

La Fiscalía Provincial de León ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 4 de León la apertura de juicio oral ante la Audiencia de León contra las cuatro personas que en octubre de 2020 formaban parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina.

Manuel García y José Luis Luengo, de la UPL, se enfrentan a una petición de pena de doce años de inhabilitación especial para empleo o cargo públicos, mientras que para Mireya Pigere y Luis Marcos, del PP, la petición es de diez años, todos por un presunto delito de prevaricación en la contratación de una obra en su municipio.

En aquel momento, UPL y PP tenían suscrito un pacto de gobernabilidad en el Ayuntamiento, que finalmente se rompió en abril de este año.

Según las diligencias previas, a las que ha tendido acceso este periódico, los hechos se remontan a octubre de 2020, cuando en el mencionado Ayuntamiento se había ofrecido la contratación para la redacción del proyecto, dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud de la pavimentación de la calle Calderón de la Barca en Quintana de Raneros, «siendo la intención de los acusados hacer dicho contrato con una empresa determinada», según reza el escrito del Fiscal.

Antes de llevar a cabo la adjudicación se solicitó el correspondiente dictamen jurídico de la secretaria interventora del Ayuntamiento, quien a fecha 6 de octubre de 2020 emite un informe, avalado además por el Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de León, en el que alega que «no hay unidad operativa o sustancial entre el contrato de redacción de proyecto y el contrato de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud, contratos ambos de servicios, pues si bien sirven para la misma causa, que es la ejecución de la obra, tienen la suficiente entidad cada uno de ellos para contratarse independientemente», explica el informe.

La Junta de Gobierno adjudicó la redacción del proyecto a la empresa JGD, y no adjudica la dirección de las obras y la coordinación de seguridad, por lo que dicho acuerdo es objeto de reposición. Antes de la resolución del recurso se vuelve a pedir informe a la secretaria que a fecha de 26 de enero de 2021 ratifica su anterior informe.

Los acusados acuerdan tres días más tarde adjudicar a JGD todo el proyecto, incluido los servicios de dirección y coordinación de seguridad, por 15.000 euros, más 3.160 de IVA. Según el fiscal, «el mencionado acuerdo es claramente ilegal y con conocimiento de ello fue aprobado con los votos a favor de Manuel García y José Luis Luego, y con las abstenciones, no votando en contra pese a su ilegalidad, de Mireya Pigere y Luis Marcos».