El Plan Hidrológico prevé que el 42% de la zona regable no tendrá garantizada el agua

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) considera que la sostenibilidad del regadío está en riesgo y así lo refleja en el borrador del Plan Hidrológico de la cuenca (PHD) para 2022-2027. En un escenario de reducción de las aportaciones de agua por efecto de cambio climático y un incremento de las superficies de regadío que están ya previstas por las administraciones, CHD considera que el 42% de la superficie regable no tendrá garantía de suministro en un futuro próximo, lo que supone que las zonas reguladas con fallos de suministro se multiplicarían por cinco. De ahí que haya revisado las asignaciones de agua previstas para el periodo amparado por el nuevo plan respecto al vigente. En concreto, prevé una reducción de la asignación para los regadíos leoneses de 120 hectómetros cúbicos. Los cálculos del organismo regulador pasan por reducir un 17 por ciento el agua en el sistema Órbigo, que pasará de 407,6 hm3 a 339,83 hm3 —67,77 hm3 menos— y un 6 por ciento en el caso del sistema Esla, que perderá 50,25 hm3, de los 783,99 que recibe a los 733, 74 asignados en el nuevo PHD.

El documento recuerda que las zonas con menor garantía son los sistemas con escasa o nula regulación artificial como el Eria, el Duerna, el Curueño y el Torío en León, aunque también habla de grandes zonas regables en sistemas regulados como el Carrión y el Órbigo que, «sin llegar a incumplir garantías presentan déficits importantes, especialmente al extender la serie histórica hasta el año 2017/2018 que incluye un año de fuerte sequía como la de 2016/2017».

El PHD estima que aunque existen propuestas en diversos planes sectoriales para incrementar las superficies de regadío en la demarcación «por motivos socioeconómicos», el desarrollo de nuevas zonas regables «no siempre tiene garantizado el recurso hídrico debido a la incertidumbre de reducción de aportaciones y a la ralentización de las medidas de gestión de la demanda en los regadíos existentes». A esto añade que, a su juicio, «amparar estas nuevas demandas con la construcción de nuevos embalses no siempre es viable ambiental y socioeconómicamente».

Los nuevos regadíos que ya cuentan con decretos aprobados y se encuentran en ejecución, en este caso los Payuelos en León y La Armuña en Salamanca, incrementarán la superficie de regadío en 38.920 hectáreas en 2027, un 7% más y con una demanda anual que se dispara hasta los 3.570 hm3 .

Tal y como explicaba también en el Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) del PHD, los nuevos regadíos que se proponen y no disponen de aval administrativo «exigirían con carácter previo considerar si en los escenarios de cambio climático será posible atenderlas sin afectar a la garantía de los regadíos existentes, analizar su viabilidad económica y si están incluidas en los programas de desarrollo rural donde se hayan analizado diversas alternativas de desarrollo, considerando su impacto ambiental y sus sinergias con otras actividades de desarrollo sostenible».

Otro aspecto que aborda el PHD es la necesidad de recuperar los costes del servicio de agua. Así, estima que el coste total en la parte española de la demarcación, incluyendo los costes ambientales, asciende a 1.014,12 millones de euros anuales, frente a unos ingresos por tarifas, cánones y otros instrumentos de recuperación del orden de 64,2 millones. A juicio de CHD, el incremento de costes que supondría una recuperación del 100% de los costes (tanto financieros como ambientales) es de 0,09 euros/m3 de agua servida, lo que supone para una dotación media de 6.150 m3 /ha/año un coste anual de 544,87 euros/ha y un 67% del margen bruto medio del regadío en la demarcación hidrográfica. «Este incremento de costes es muy significativo y pondría en riesgo la continuidad de la actividad agraria de regadío» lo que justifica las exenciones del principio de recuperación de costes que reglamentariamente se consideren.