El PP contrario al intento de que los ahorros de los ayuntamientos y la Diputación vayan a manos del Gobierno

El grupo popular de la Diputación ha registrado una moción para su debate y aprobación por el Pleno de la institución provincial en la que reclaman al Gobierno "que respete y garantice la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, un dinero público que es de todos y cada uno de los españoles y no de un Gobierno en concreto".

Los populares defienden, según un comunicado de prensa remitido a este periódico, que “desde el inicio de la pandemia provocada por el virus COVID-19 las entidades locales pusieron en marcha medidas para contener la expansión del virus y preservar la salud de empleados públicos y vecinos, un extraordinario esfuerzo realizado por los gobiernos locales que no se ha visto correspondido por el Gobierno de España que, durante la fase más dura de la pandemia, no destinó un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo”.

Ante esta situación, continúa el comunicado: "entidades locales de todo signo político, a través de la FEMP y de los legítimos representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados, han solicitado al Gobierno de España, en reiteradas ocasiones, poder disponer del 100% los remanentes de Tesorería para hacer frente a medidas contra la pandemia y contra la crisis sanitaria, social y económica derivada de la misma, así como la transferencia de una parte proporcional de los Fondos Europeos que reciba España a las Entidades Locales para poder compensar el impacto del Covid-19 en sus ingresos y gastos presupuestarios, y la creación de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las Entidades Locales y de fondos específicos por valor más de 1.000 millones de euros para compensar el déficit en los servicios de transporte públicos y para cubrir el coste de la colaboración de las entidades locales en la gestión del Ingreso Mínimo Vital".

Sin embargo, en el mes de julio, el gobierno de España presentó a la FEMP una propuesta de acuerdo “que no respondía a estas necesidades y peticiones, excluyendo al mundo rural y a más de 3.000 Entidades Locales que ha cerrado 2019 con deuda o no han tenido Remanente de Tesorería positivo; lo que significa destruir la autonomía local reconocida en la Constitución y un chantaje inaceptable a todos los Ayuntamientos y Diputaciones de nuestro país”.

"El gobierno ofrece un fondo de 5.000 millones de totalmente condicionado, puesto que solamente se repartirá entre las entidades locales que entreguen al gobierno la totalidad de sus remanentes de tesorería para gastos generales a 31/12/2019 (minorado por una serie de conceptos reseñados en el artículo 3.1 del Real Decreto-ley 27/2020) durante 17 años, desde 2020 al 2037. “A cambio de que cedan todos los ahorros municipales, los ahorros de los vecinos, el gobierno les ofrece un fondo -que supone solamente una pequeña parte de esos ahorros- y que deberán emplear únicamente en las actuaciones definidas por el Gobierno”.

En definitiva, manifiesta el Grupo Popular de la Diputación, “se trata de una propuesta que esconde un chantaje inaceptable y que podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la Constitución Española, que consagran los principios de autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales”.

Por lo expuesto, los populares proponen el apoyo expreso de la Diputación al recurso de inconstitucionalidad que el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados presentará contra el Real Decreto-ley 27/2020 para defender los intereses de todas las entidades locales y los ahorros de todos los vecinos así como el rechazo de la institución provincial al  procedimiento negociador que el Gobierno de España ha mantenido con la FEMP para lograr un acuerdo que diera una “apariencia” de apoyo unánime de las EELL al Real Decreto-ley 27/2020.

Del mismo modo, finaliza la nota de prensa, "se solicita a los órganos competentes de la FEMP la reprobación de su presidente, Abel Caballero, por no transmitir con la debida diligencia ni transparencia información adecuada sobre las negociaciones con el Ministerio de Hacienda al resto de miembros de los órganos de gobierno de la institución, por no defender los intereses de las EELL como está obligado a hacer por razón de su cargo, y por provocar con esta actitud que, por primera vez en la historia de la FEMP, se rompa el consenso histórico que solía presidir los acuerdos de este organismo".

En la propuesta de acuerdo se solicita el profundo rechazo de la Diputación a cualquier medida del Gobierno de España tendente a apropiarse de los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios españoles, tanto de forma directa como vía suscripción de préstamos de las EELL al Estado a devolver a largo plazo.

Finalmente, la moción insta al Gobierno de España a respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto, y que el que el Ministerio de Hacienda cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias.