El PP insta al Gobierno a garantizar recursos suficientes para las entidades locales que gestionen el IMV

El grupo popular de la Diputación Provincial ha presentado una moción para su debate y aprobación por el Pleno de la institución provincial con el objeto de instar al Gobierno de España a proporcionar información detallada a las entidades locales y comunidades autónomas sobre el Ingreso Mínimo Vital y a garantizar que las administraciones que lo tengan que gestionar cuenten con recursos suficientes.

Desde que se decretó el Estado de Alarma y el cierre de la economía española, las entidades locales, que ya venían asistiendo y ayudando a los vecinos y familias más vulnerables de sus municipios y provincias, han reforzado durante la pandemia las áreas de servicios sociales y aumentado las partidas presupuestarias destinadas a estos servicios y a las ayudas gestionadas por los mismos para atender al creciente número de personas que han pasado a estar en riesgo de exclusión social como consecuencia de la pandemia.

Por otro lado, recuerdan desde el PP, las comunidades autónomas también cuentan con algún programa de renta mínima cuyo objetivo es proporcionar una última red de protección a las personas en situación de pobreza o exclusión social.

Ante esta situación el gobierno de España ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital, un ingreso que tiene los mismos objetivos que los que ya están gestionando las comunidades y entidades locales, en opinión del PP. Sin embargo, concluyen en el PP,  el Gobierno de España no ha consensuado esta medida ni ha contado con la opinión de estas administraciones durante el proceso de elaboración de la norma que regula el Ingreso Mínimo Vital, lo que puede dar lugar a duplicidades e ineficiencias en la gestión además de generar incertidumbre e inseguridad jurídica.

Desde el PP de la Diputación recuerdan que, aunque la competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social , las comunidades y entidades locales podrán iniciar el expediente administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social el oportuno convenio que las habilite para ello y que, en el marco del correspondiente convenio podrá acordarse la posterior tramitación y gestión previas, pero “si suscriben esos convenios, los gastos extra derivados de esta gestión deberán afrontarlos las propias entidades locales con cargo exclusivamente a los ingresos corrientes que prevean obtener en el mismo ejercicio en que se inicie el procedimiento”.

Recuerdan que esto obliga a dichas entidades, como la Diputación de León, a asumir un gran incremento en la carga de trabajo para gestionar, por ejemplo a través de los Ceas, tanto las consultas como los gastos extraordinarios de la gestión de estos expedientes.

Por todo ello, los populares han propuesto al Pleno de la Diputación de León una propuesta de acuerdo para instar al Gobierno de España a crear un nuevo fondo que permita atender de manera adecuada y sin poner en riesgo la tramitación de las ayudas sociales ya existentes a las entidades que asuman la gestión de esta nueva prestación.

Del mismo modo, solicitan que se envíe de forma urgente a todas las entidades el borrador del texto de convenio que tendrían que firmar para gestionar el Ingreso Mínimo Vital para que puedan analizar con sus servicios técnicos las implicaciones económicas, jurídicas y de gestión que se derivan de dicho convenio y valorar adecuadamente si la entidad local puede asumir esa gestión o la misma permanece en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.