Para el PP el plan es «un ataque sin precedentes a la España vaciada»
El PP criticó ayer duramente la propuesta del nuevo mapa concesional de los servicios de transporte público interurbano que regula de viajes por carretera presentado por el Gobierno el pasado mes de junio porque «no se ha tenido en cuenta ni a las comunidades, ni a las diputaciones ni a los ayuntamientos», asegura Ricardo Gavilanes, procurador en las Cortes de Castilla y León, quien compareció junto al también procurador leonés Javier Fernández y junto al portavoz del partido en la Diputación de León, Francisco Castañón.Para Gavilanes esta propuesta supondría un recorte de paradas en 40 municipios de la provincia de León y afectaría a 54.922 habitantes, que tuvieron una demanda de 3.865 personas en 2019. «Es el caso de Alianza, Cistierna o Boñar, por citar algunos de esos cuarenta municipios», afirma el procurador.El PP asegura que se pretende que la conexión se haga solo a través de las capitales de provincia y de las ciudades que tengan una mayor volumen, lo que «perjudica a los intereses de los castellanos y leoneses» Además, explica que se establece un mecanismo de compensación con las comunidades autónomas que tienen que suplir esas rutas que «no está abordando» el Gobierno de España, lo que a juicio de Gavilanes es «una clara dejación de funciones», ya que «es una competencia estatal».«El criterio establecido por el Gobierno de España es totalmente incompatible con la realidad de Castilla y León», afirma el procurador que estima que además este plan «se aleja» de las medidas que se deben establecer contra la despoblación y el reto demográfico. «Parece mentira que el Gobierno haya propuesto 130 medidas contra el reto demográfico, y después haga este planteamiento que perjudica notablemente a los ciudadanos que viven en el medio rural que se quedan sin esas paradas de autobús y se quedan sin acceso a la sanidad, a la administración a los supermercados, ya que se les deja sin transporte público». Por eso piden un sistema de transporte público que garantice la movilidad entre todos los municipios y entre toda la provincia.En el conjunto de Castilla y León la media a 346 municipios con una población acumulada de 213.436 habitantes.«El Gobierno pretende que las comunidades presten esos servicios con una dejación de funciones de un servicio básico de carácter estatal», afirma.Como conclusiones, el PP considera que «la propuesta carece de una delimitación sensata de las prioridades, es un plan que no ha tendido en cuenta a las autonomía, ni ayuntamientos ni ha mantenido el dialogo con ninguno de los actores implicados como las asociaciones o empresas del sector del transporte de viajes, que muchas de ellas podrían desaparecer acabando así con un gran número de puestos de trabajo», denuncia el PP.Gavilanes asegura que además que este plan se ha gestado con un «total oscurantismo» y se desoyen las prioridades establecidas por la Unión Europea. «Se pretende un ataque sin precedentes a la España despoblada y se priva de la conectividad y recursos del mundo rural y su acceso a los servicios públicos», añade.
Por eso afirma que el PP está radicalmente en contra de este plan y piden al Gobierno de España su eliminación y que establezcan diálogos con todas las administraciones para hacer un nuevo borrador consensuado entre todos.