El PP teme que el Gobierno esté planeando apropiarse de los ahorros de ayuntamientos y diputaciones

El grupo popular ha presentado una moción para su  debate y aprobación por el Pleno de la Diputación instando al Gobierno de España a no utilizar los poderes excepcionales que le confiere el estado de alarma para apropiarse de los ahorros de las entidades locales vulnerando preceptos constitucionales y leyes en vigor, así como a  respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto.

Del mismo modo, los populares proponen flexibilizar las reglas para que las entidades locales puedan utilizar sus superávits para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia, siempre en coordinación con las Comunidades Autónomas y el Estado.

“Entendemos que si se plantea modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía, hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales, dichas modificaciones han de validarse en el Congreso de los Diputados, ante los legítimos representantes de todos los españoles dado que la declaración del estado de alarma no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes del Estado”.

El PP de la Diputación ve necesario recordar  todas las leyes que protegen la autonomía de las entidades locales, así como las diferentes fuentes de financiación de las mismas, por varios motivos.

En el PP entienden que el Gobierno de España con un absoluto desprecio hacia nuestra Constitución y las leyes que regulan la organización, competencias y la Hacienda de las entidades locales ha negado injustificadamente el pago a las Entidades Locales del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017.

También consideran que el gobierno de España está estudiando “confiscar” el superávit generado en 2019 por las Entidades Locales así como los recursos que las mismas tienen en entidades bancarias según pudieron conocer por una noticia publicada en el 'Diario de las Palmas'.

Eso supone, según los datos del Ministerio de Hacienda a 31 de marzo de 2020, 3.839 millones de euros del superávit de 2019 y 28.000 millones de euros de los superávits acumulados en los últimos 8 años por las Entidades Locales.

Esta noticia se ve ratificada por las declaraciones realizadas por la ministra de Hacienda el 30 de abril en el Congreso de los Diputados, en las que hizo alusión a la posibilidad de llegar a un acuerdo con la FEMP para que la utilización del superávit municipal se pueda emplear para "cubrir aquellos que el resto de administraciones no puedan llegar, de manera que entre todos podamos actuar sinérgicamente sobre el ciudadano único o sobre la empresa pública".

Hay que señalar que la generación de dichos superávits no se debe solamente a la aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) puesto que esta ley “vincula a todos los poderes públicos (Administración General del Estado, Comunidades  Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social)” (Art. 1 y 2 de la LOEPSF)” pero solo las corporaciones locales, gracias a una gestión eficiente y rigurosa de sus recursos, han sido capaces de generar de manera recurrente un saldo positivo en sus cuentas públicas al cierre de cada ejercicio presupuestario ayudando a que nuestro país pudiese cumplir con los objetivos de déficit público establecidos por la Unión Europea.

Estos superávit, tal y como recoge el artículo 32 de la LOEPSF, se han destinado a reducir el nivel de endeudamiento de las entidades locales, a la ejecución de inversiones financieramente sostenibles que revierten en beneficio de los vecinos y, en muchos casos, a seguir generando ahorros para poder conjugar la prestación de servicios públicos de calidad a los vecinos con una fiscalidad baja sin hipotecar a las generaciones futuras.

Desde hace varios años, las entidades locales han venido reclamando al gobierno central una mayor flexibilidad para poder aplicar los superávits generados pero siempre respetando la autonomía local consagrada en nuestra Carta Magna y en las leyes.

Desde el PP de la Diputación destacan que “las entidades locales constituyen la administración más cercana al ciudadano y han mostrado siempre su solidaridad con el resto de las administraciones españolas al asumir competencias impropias sin recibir, en muchos casos, la financiación adecuada de Comunidades Autónomas y del Estado para ejercerlas lo que ha provocado que hayan tenido que destinar recursos propios, recursos de todos sus vecinos, a mantener las mismas. Además, en esta crisis sanitaria, social  y económica, derivada de la pandemia provocada por al COVID-19 han sido los primeros en implementar medidas para contener la expansión del virus y de apoyo a la población más vulnerable (mayores, enfermos, etc.) por ejemplo, ampliando los servicios de ayuda a domicilio. También han ido por delante en la conversión de muchos servicios públicos de modalidad presencial a telemática para que sus vecinos pudieran seguir disfrutando de espectáculos culturales, cursos de formación”. 

Por todo ello, desde el PP afirman que “las entidades locales no pueden ser la tabla de salvación para un gobierno que, desde junio de 2018, ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, ha estado más pendiente de la propaganda que de la gestión seria y rigurosa de los recursos de todos los españoles, que ha negado a Corporaciones Locales y las  Comunidades Autónomas los ingresos que les corresponden por ley (IVA de diciembre de 2017 impagado) y que ha conseguido el gran "logro" de incrementar el déficit público español por primera vez desde 2012”.