Las presas del Órbigo están catalogadas con el máximo nivel de riesgo para la población

Cerca de 30 asociaciones de todo tipo, junto a los ayuntamientos de Carrizo, Cimanes del Tejar, Llamas de la Ribera y Turcia —y próximamente los de Las Omañas y Valdesamario—, forman parte de la plataforma creada este fin de semana para iniciar la batalla legal contra el proyecto de regulación del Órbigo que impone la construcción de dos embalses, el de La Rial, de 23 hm3 de capacidad máxima La Rial, y el de Los Morales, de

11,3. «Iremos hasta el final», asegura el presidente de este nuevo lobby, José Luis Fernández Martínez, que no duda en tener que hacer uso de la vía judicial para conseguirlo.

El proyecto acaba de superar el estudio de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y está pendiente de aprobación por parte de la Dirección General del Agua del nuevo Ministerio de Transición Ecológica. «Tenemos la esperanza de que con la nueva ministra —Teresa Ribera— este proyecto se derogue, ya que no hay que olvidar que el Partido Socialista que ahora gobierna el país, y que pronto tomará las riendas de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), siempre se ha mostrado contrario y ahora es el momento de demostrarlo», afirma el presidente de la plataforma.

Lo primero que quieren denunciar es que en la elaboración de la DIA se ha tenido en cuenta la afección que se causa al medio ambiente, a la flora y a la fauna, pero no a las personas que viven en ese territorio. «Es una falta enorme de respeto fraguar un proyecto de estas características sin contar con la opinión de los vecinos y sin informar ni siquiera a los alcaldes de la zona que se enteraron de su existencia por la prensa», denuncia.

No es de extrañar el recelo de los vecinos a acoger un proyecto de estas características, ya que el propio DIA establece que los embalses tendrán categoría A en función de su riesgo potencial, lo que significa que su rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daño materiales o medioambientales muy importantes.

«Todos sabemos que son extremos que ocurren en muy pocas ocasiones, pero en caso de rotura por cualquier fallo o por un terremoto el agua que se derramaría se llevaría por delante a la Milla del Río y parte de Carrizo, y causaría una auténtica catástrofe. No queremos tener encima esa espada de Damocles de por vida», concreta.

Otra de las cosas que no se explican desde la plataforma es que desde la propia DIA se reconoce que hay otro tipo de proyectos que se podrían llevar a cabo, que quedarían más integrados en el medio ambiente pero que resultan más costosos económicamente. Fernández Martínez considera que esas opciones —que no expone la DIA— supondría la construcción de balsas sobre el nivel del suelo en aquellos lugares donde se necesita el agua. «Todos sabemos que el agua que se embalsará en La Rial y Los Morales no es para el Órbigo, sino para el Páramo, donde no están dispuestos a sacrificar sus parcelas, más susceptibles de ser sembradas. Pero lo que no se ha tenido en cuenta es que en el Órbigo tampoco estamos dispuestos a sacrificar nuestros dos únicos valles», sentencia el presidente, que recuerda que la comarca ya sufrió una traumática expropiación de fincas enteras de viñedos en los años setenta para la «dudosa» construcción del Canal de Carrizo. En este sentido, el presidente denuncia que desde el pasado 10 de abril se está perdiendo todo el caudal del canal del Páramo, ya que es un agua que épocas de excendencia no se utiliza y se piede desde la central de Alcoba hasta Armellada.

El presidente defiende que la opción de hacer los embalses en el Páramo, a nivel del suelo, excavando e impermeabilizando el terreno, es la más lógica y natural, ya que es donde hace falta el agua, y la que siempre se contempló en el documento de inicio.

Lo cierto es que la construcción de estos embalses dará lugar a un movimiento de tierras sin precedentes. En el caso de La Rial, la base tiene una superficie de 200 metros y una altura ascendente —en forma de pirámide— de más de 40 metros, lo que suponen capas y capas de tierra en una zona que cuenta con la máxima protección dentro de las actuales normas urbanísticas de Carrizo. «El estudio no contempla si se va a forzar la redacción de unas nuevas normas urbanísticas, o si al tratarse de un organismo superior —el ministerio— se va a hacer por decreto», afirma el presidente.