El Procurador insta a la Junta a verificar la calidad de la sanidad del municipio

El Procurador del Común emitió una resolución el pasado 27 de enero en la que reclama a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León que verifique la calidad de la asistencia sanitaria que reciben los usuarios del municipio de Villamontán de La Valduerna, tomando también en consideración las posibles limitaciones de acceso que tienen sus habitantes a la red telefónica.

Una resolución del Procurador que surge a raíz de una denuncia realizada por el propio Ayuntamiento de Villamontán, que tras la concentración que se llevó a cabo en muchos pueblos de la provincia para pedir la reapertura de los consultorios el 3 de octubre de 2020, decidió ir más allá en su pelea para defender sus servicios sanitarios e hizo llegar sus quejas por la «mala» situación sanitaria de su municipio —concentrado en el consultorio de una de las localidades, Miñambres de la Valduerna—; puesto que tienen que compartir el personal médico con los municipios de Palacios de la Valduerna y Santa María de la Isla y en muchas ocasiones se han quedado sin consultas.

Por ello, realizaron un escrito a la institución, así como la propia Consejería de Sanidad, con 436 firmas de vecinos —entre las 534 tarjetas sanitarias con las que cuenta el municipio de Villamontán— denunciando su situación. Tras aceptar su queja, el Procurador del Común ha emitido hace unos días una resolución a la Consejería de Sanidad para que dé respuestas a dicha situación, aunque por el momento no ha recibido contestación por parte del departamento de la Administración autonómica.

Entre otras de las peticiones que recoge la resolución del Procurador del Común a la Consejería de Sanidad, le insta a que proceda a verificar que la implantación de la telemedicina garantiza una asistencia sanitaria de calidad a los habitantes del municipio, poniendo especial cuidado en que no sea un sustitutivo de la atención personal, tan necesaria en pacientes de avanzada edad, que viven solos y que padecen normalmente una pluralidad de afecciones; que garantice que los habitantes de los núcleos rurales tienen una adecuada y cumplida información sobre los medios asistenciales a su disposición; que busque soluciones eficaces a la situación de vacante (temporal o definitiva, y por cualquier causa) de los profesionales que han de atender a la población rural; y que valore la modificación y/o actualización de la Orden de 15 de abril de 1991 a fin de regular adecuadamente la situación de la sanidad rural.