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Agricultura

El Procurador pide agilizar la entrega de los títulos de las concentraciones

La institución constata el daño del retraso para la transformación y la modernización del campo

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El Procurador del Común se ha dirigido a la Consejería de Agricultura al objeto de que evite la demora en la entrega de los títulos de propiedad de las parcelas resultantes de los procesos de concentración parcelaria realizados en Castilla y León.

El Procurador ha explicado, a través de un comunicado, que se ha comprobado que los retrasos dificulta la transmisión y otros negocios jurídicos sobre las fincas de reemplazo adjudicadas, lo que perjudica la disponibilidad de las mismas en el tráfico jurídico y puede afectar al proceso de modernización de las explotaciones.

En concreto, en las fechas en las que se llevó a cabo la actuación de oficio, se puso de manifiesto que todavía quedaban pendientes de realización trámites administrativos para completar el procedimiento en relación con 161 zonas, distribuidas en la mayor parte de las provincias de la Comunidad, entre ellas más de 40 zonas en la provincia de León. La institución asegura que en algunos casos, estos retrasos se registran en zonas que se han beneficiado de importantes transformaciones de la actividad productiva agraria con la realización de obras de regadío.

Retraso en León

En las fechas de la actuación, el pasado marzo, León tenía más de 40 zonas afectadas

«Se trata de una situación que más allá de afectar, como se ha señalado, a la libre disposición de los bienes por parte de sus titulares, puede también repercutir negativamente en la necesaria modernización de las explotaciones agrarias, algo de particular interés en términos de generación de riqueza y de mantenimiento de la población en el medio rural de la Comunidad Autónoma», señala la institución.

En consecuencia, el Procurador del Común, Tomás Quintana, ha formulado una resolución dirigida a la Consejería de Agricultura para que analice las causas del retraso y, en su caso, de ser necesario, proceda al reforzamiento de los medios materiales y personales, tanto de los Servicios Territoriales de la Consejería radicados en las provincias que acumulen más retrasos en la elaboración de los títulos, como de la Dirección General de Desarrollo Rural, por ser este el órgano administrativo competente para revisar dichos títulos y, finalmente, aprobarlos, antes de ser entregados a los propietarios de las fincas de reemplazo.

«Con ello se facilitará a los titulares de las mismas ejercer sin ninguna limitación sus derechos de disposición sobre las fincas resultantes de los procesos de concentración parcelaria y, en su caso, planificar y ejecutar las inversiones que exija la modernización de las explotaciones», señaló el Procurador en su comunicado.

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