PSOE, C’s y Podemos aprueban la medida que condena al cierre a las térmicas de carbón

maría j. muñiz | león

PSOE, Ciudadanos y el grupo Unidos Podemos firman la moción que ayer recibió el apoyo del 59% del Congreso de los Diputados, por la que se insta al Gobierno a defender ante la Unión Europea una serie de medidas entre las que se encuentra la propuesta de retirar los pagos por capacidad a las centrales térmicas que superen un límite de emisiones de CO2. Una medida que está siendo muy discutida en la Unión Europea, y que en la práctica condena a la desaparición de las centrales térmicas de carbón, en favor de las más modernas de gas.

La moción, consecuencia de una interpelación urgente de Podemos «relativa a la posición de España en la negociación de las directivas europeas encaminadas a configurar la Unión Energética», pide al Gobierno que permita «los mercados de capacidad sólo como una opción de último recurso».

Señala que estos pagos por capacidad (que permiten financiar la generación de energía necesaria para garantizar el suministro durante períodos de máxima demanda) «sólo deberían permitirse cuando otras soluciones como las de demanda, el refuerzo de las interconexiones o el almacenamiento sean insuficientes».

El límite

«En todo caso», señala el documento firmado por los tres partidos y apoyado también por Esquerra Republicana y el Grupo Parlamentario Mixto, «con un umbral en todas las centrales no superior a 550 gramos de CO2 emitidos por kilowatio generado». Un límite que superarían todas las centrales térmicas de carbón, incluso después de realizar las inversiones necesarias para adaptarse a la directiva medioambiental europea, en el caso de que quisieran seguir funcionando. Y que por tanto condenaría al cierre a todas las centrales que funcionen con carbón y a la minería que aún queda en activo.

La propuesta se alinea con la realizada por la Comisión Europea de fijar en un tope de 550 gramos de dióxido de carbono por kilovatio hora a las centrales térmicas, lo que en la práctica saca del mercado tanto a las plantas de carbón como a aquellos ciclos combinados más antiguos y menos eficientes. Desde luego condenaría a las dos térmicas que pretenden seguir funcionando en la provincia de León, la de Compostilla, propiedad de Endesa; y la de La Robla, de Gas Natural Fenosa.

La medida ha dividido también a las empresas generadoras a nivel internacional. El lobby eléctrico Eurelectric ha enviado a las autoridades europeas un informe que advierte de que esta medida acabaría con el carbón en toda Europa, y a cambio se exigiría una inversión excesiva en centrales de gas que en la práctica tendrían una vida muy corta, ya que el objetivo es incrementar la producción energética con renovables. Propone extender la vida útil de las térmicas de carbón y establecer nuevos mecanismos de capacidad (que además de España utilizan países como Reino Unido o Francia).

La medida se encuentra con el rechazo frontal de países como Alemania o Polonia, con una fuerte producción dependiente del carbón, y que en cambio no cuentan con respaldo suficiente de gas.

Frente a esta postura está la de las compañías petroleras y gasistas, que se han aliado con las renovables para presionar a las autoridades europeas y eliminar del mercado al carbón. Son 22 grandes grupos energéticos (entre ellos la española Iberdrola, Shell, Eni o Siemens). Una alianza que busca hacerse con el negocio que dejaría el hueco del carbón con el argumento de que sus propuestsa son menos contaminantes.