Frente a la nueva normativa
Quiñones confirma que la Junta irá a los tribunales por la protección del lobo
Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria prepararán su alternativa a la estrategia nacional
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha confirmado que «acudirán a los tribunales, como última opción, con el objetivo de salvaguardar la pervivencia del medio rural ante la nueva normativa del lobo».
Así se ha referido este miércoles en su visita a San Andrés del Rabanedo, donde recordó que en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, les trasladó que «el Gobierno de España mantiene la misma pretensión».
Suárez-Quiñones ha recordado «el daño al medio rural una decisión que se justifica por razones ideológicas y culturales que no pueden estar por encima de la pervivencia de los pueblos del área rural».
De hecho, ha detallado que la propia Ribera le confirmó que «darán traslado al Consejo de Gobierno de esta decisión» y, por este motivo, sus homólogos de Galicia, Principado de Asturias y Cantabria «se reunieron después para acordar llevar a cabo lo previsto».
En este sentido, ha avanzado que estas cuatro Comunidades «desarrollarán un censo del lobo» y ha añadido que «se realizará un texto alternativo ya que lo que entienden necesario es la modificación de la estrategia nacional de 2005».
Asimismo, ha reclamado «una conferencia sectorial extraordinaria en la que se pronuncie el ministerio», pero ha sentenciado que cree que «la nueva normativa irá al BOE pese a que tratan de revestirla ahora de forma chapucera».
Por último, ha defendido la decisión de la Junta de Castilla y León de permitir la caza de cuatro lobos ya que, a su juicio, «se mantiene de momento la misma normativa y la caza sigue existiendo».
Por su parte, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Gobierno asturiano, el socialista Alejandro Calvo, dijo ayer que está previsto que su Gobierno remita este viernes las alegaciones a la orden ministerial que incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y prohíbe su caza.
Según Calvo, las alegaciones asturianas plantearán una defensa «a ultranza» del modelo de gestión de la especie que existe en el Principado, incluidos los controles poblacionales.
El dirigente asturiano ha recordado que después del periodo de alegaciones la orden deberá trasladarse al Consejo de Estado y que, si es necesario, Asturias pedirá audiencia. «Esperamos que el Ministerio sea sensible a las peticiones de las distintas comunidades autónomas», ha apuntado en referencia al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por Teresa Ribera. «Si no fuese así, al final del recorrido tendríamos que recurrir, pidiendo medidas cautelares para que la orden no sea efectiva», ha advertido Calvo.