La retirada de las choperas de las riberas hará perder a León 300 empleos y 6,4 M€

León, la provincia que aporta la mayor extensión de chopos en la Comunidad, con 17.141 hectáreas, de las 41.277 registradas en toda Castilla y León, tiene casi 5.000 hectáreas de choperas debido a la intención de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de recuperar para el dominio público las superficies plantadas dentro de los cauces y de las zonas de servidumbre contemplados en su última demarcación, realizada en octubre de 2019. La medida, que figura en el Esquema de Temas Importantes de Planificación Hidrológica (ETI) para el nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca, que se presentará este mes, puede suponer la pérdida de 298 puestos de trabajo en la provincia y pone en riesgo 6,4 millones de euros al año, de los que 2,5 corresponden al valor de la madera, 3,2 en la producción de tableros y 700.000 euros de madera en pie.

Esta medida afecta a 4.279 hectáreas de chopos plantadas en toda la cuenca del Duero, el 10,4% del total, de las que 1.158 están dentro de la provincia de León, un dato que podría incrementarse al 30%, ya que supondría el abandono de las parcelas enteras que lindan con la demarcación de CHD. Esto significa que se perderían cerca de 11.624 hectáreas de chopos en toda la cuenca —15.065 parcelas—, de las 4.983 están en León, repartidas entre 6.945 parcelas, según apunta la Dirección general de Medio Natural, en un informe consensuado con todos los sectores afectados, denominado Beneficios ambientales y socioeconómicos de la populicultura en la Cuenca del Duero, en el que considera que la medida supone a medio y largo plazo «una amenaza para la supervivencia de este cultivo y sus sectores asociados en España».

Según este informe, la aplicación de esta medida arrojaría un impacto de 13 millones de euros de pérdidas anuales en fabricación de tablero y unas pérdidas de 10 millones de euros anuales en el valor de la madera, sumado a la desaparición de 1.200 puestos de trabajo, asociados a la gestión de estas masas, así como a su transformación industrial. «Todo ello en un marco económico de gran incertidumbre económica en años venideros y dentro de un sector de éxito con un carácter netamente exportador que ha mantenido su actividad económica durante el año 2020 a diferencia de muchos otros del tejido productivo español», denuncia el informe.

El estudio recoge que la mitad de la superficie chopera afectada se encuentra en manos privadas lo cual generaría un conflicto con miles de propietarios dado el minifundio existente. Tal y como reconoce el ETI estos propietarios disponen de títulos de propiedad o inscripción registral históricas o procedentes de actos administrativos. Además de multiplicarse los conflictos con un gran número de entidades locales que en muchos casos dependen de la explotación de estas choperas para el mantenimiento de sus arcas municipales. La mayor parte de estos municipios han sufrido severamente el éxodo rural en las últimas décadas por lo que cuentan con reducidas oportunidades fiscales e ingresos alternativos.

Pero los daños no son solo económicos. La desaparición de estas masas arbóreas tendría un grave impacto sobre el almacenamiento de carbono suponiendo la desaparición de 97.725 toneladas anuales con un impacto sobre el ciclo de cultivo de más de 1,5 millones de toneladas de CO2. El abandono de la totalidad de estas choperas implicaría como mínimo la pérdida del 90% de su capacidad de captura.