Ribera se abre al diálogo con las comunidades loberas pero descarta frenar su catalogación

Tras dos horas y media de reunión parece que se abre un poco la puerta al diálogo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y las llamadas comunidades loberas, Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria —por concetrar el 95% de la población— , sobre el proceso para incluir al lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre) y frenar su caza.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, escuchó ayer por videoconferencia los argumentos de los consejeros de Medio Ambiente de estas cuatro comunidades, Juan Carlos Suárez-Quiñones (Castilla y León), Ángeles Vázquez (Galicia), Alejandro Calvo (Asturias) y Guillermo Blanco (Cantabria), que exigieron la suspensión del proceso de catalogación iniciado y la oportunidad para liderar la estrategia nacional para la conservación del lobo. Defienden que «cuentan con la mayor información y el conocimiento necesarios para controlar de manera adecuada la especie y garantizar el equilibrio necesario en su convivencia con el sector ganadero y la actividad humana».

Tras escuchar la postura de la ministra, los consejeros le han trasladado la preocupación del sector ganadero ante los efectos que puede provocar extender la protección del lobo a todo el territorio nacional.

«Por eso, le hemos pedido que no adopte la decisión de publicar en el BOE sin antes haber llegado al consenso necesario sobre una nuestra Estrategia. En definitiva: empecemos la casa por los cimientos, no por el tejado», explicó Suárez-Quiñones que confía en que la ministra estudie sus planteamientos.

Además, argumentan que su rechazo a la especial protección del lobo cuenta con un amplio respaldo que va más allá del consenso social, científico y político que existe en Castilla y León, Cantabria, Galicia, Asturias, al que se suman otras autonomías como el País Vasco o la Comunidad Autónoma de Madrid, que han trasladado recientemente su apoyo a la postura de las comunidades loberas ante el temor de que la falta de control que supondrá la especial protección del lobo provoque el crecimiento «desmedido» de su población y su correspondiente expansión a otros territorios del país.

También recordaron a la ministra la postura del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien en una reciente visita a Cantabria manifestó su firme apuesta por la cohabitación del lobo y la ganadería extensiva desde el respeto a la biodiversidad y la actividad del sector primario.

Finalmente, aseguraron a Ribera que «irán hasta las últimas consecuencias en su defensa de la vigente gestión de la conservación y control del lobo que están desarrollando con buenos resultados y con unas medidas que consideran imprescindibles para hacer frente a los riesgos que conlleva la creciente expansión en población y superficie que ha experimentado el lobo en los últimos 20 años».

Tras la reunión, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suarez-Quiñones, insistió en la necesidad de buscar acuerdos y el equilibrio necesario entre la conservación del lobo y la necesidad de apoyar a la ganadería extensiva.

«El lobo ya está suficientemente protegido con nuestro plan de gestión. Si le anulan, los ganaderos de las zonas con lobo van a tener muchos problemas para mantener la ya comprometida viabilidad de sus explotaciones y el lobo, y nuestro medio natural en general, va a sufrir la reaparición de prácticas ilegales, como el furtivismo o el envenenamiento», explicó.

«La propuesta del Ministerio supone un gravísimo error basado en el desconocimiento y el desprecio hacia la realidad cotidiana del lobo en aquellos territorios que tenemos que asumir el coste económico y social de una gestión que siempre busca el complejo equilibrio entre la conservación de una especie y la reducción de los daños que ocasiona», concluyó.

Por su parte, la vicepresidenta Ribera invitó a los consejeros trabajar coordinadamente para poner en marcha acciones de protección a los ganaderos y coexistencia con el lobo para asegurar de ese modo su conservación a largo plazo. Para ello, Ribera les solicitó que identifiquen los problemas que genera este cambio de estatus legal de la especie para contribuir a buscar soluciones.

Ribera defiende que «los ganaderos no pueden sostener sobre sus espaldas los costes de un patrimonio natural común, que en este caso es el lobo, por lo que es necesario dotar al sector de recursos suficientes y de un marco de seguridad jurídica, que solo podemos conseguir con una estructura equiparable en todas las comunidades». En este sentido, durante la reunión se ha recordado el marco de protección de la especie que rige en casi todos los países de la Unión Europea.

Desde el Miteco se entiende que la homogeneización del estatus legal del lobo en toda España puede contribuir a superar muchos de los problemas que actualmente aquejan a la conservación y gestión de la especie, especialmente por la disparidad en los modelos de gestión desde las diferentes comunidades, la alta incidencia de daños y la conflictividad que existe en torno a la gestión de esta especie.