Provincia ■ Juntas vecinales
Los secretarios municipales llevan al TS el decreto sobre las pedanías
El colegio profesional retirará el recurso si se negocia una alternativa al reglamento.
Cendón y Pellitero presentan la iniciativa del PSOE en el registro de la Diputación
A. Domingo | Redacción
La paralización administrativa de las juntas vecinales de León podría resolverse en el Tribunal Supremo (TS). Aunque el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de León (Cositleón) no renuncia a una solución extraprocesal del conflicto, lo cierto es que si las conversaciones que mantiene con el Ministerio de Hacienda y Función Pública no llegan a buen puerto será el alto tribunal el que resuelva sobre la obligación de los secretarios municipales de asistir a las pedanías, como recoge la disposición adicional quinta del Real Decreto 128/2018.
El abogado del colegio provincial, Víctor Álvarez Bayón, presentó ayer un recurso ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de contra el Gobierno y el polémico decreto, que entró en vigor el 18 de marzo.
Cositleón considera «irracional e insostenible», especialmente para los secretarios de la provincia leonesa, la imposición de que los secretarios de ayuntamiento asuman la secretarias de entidades locales menores de cada municipio, «con sus labores y responsabilidades», dado que de 1.200 juntas vecinales de las 3.000 que existen en España se encuentran en León.
«En esta provincia existe un gran número de municipios, con una media de entre cinco y diez juntas vecinales», con 37 en el municipio de Rielo, lo que supone una tarea «que por sí misma supera a una sola persona», a la que se añaden «las propias obligaciones» del cargo de secretario municipal, advertía ayer el colegio profesional.
El fundamento
Los secretarios leoneses denuncian ser los más afectados por esta situación, más aún cuando las juntas vecinales «carecen de ordenadores y de medios personales para el adecuado ejercicio de sus funciones». Confían en que el TS estime sus argumentos, que se fundamentan en que el decreto es contrario a la Ley de Bases de Régimen Local, un texto con rango de ley y, por tanto, superior al reglamento aprobado.
La interposición del recurso no paraliza, sin embargo, la aplicación del reglamento, aunque el colegio de secretarios no descarta solicitar como medida cautelar que no se aplique la disposición, si bien el Gobierno o el Ministerio de Hacienda y Función Pública podrían dejarla en suspenso dado el procedimiento judicial iniciado.
Pese a recurrir al TS, la organización colegial leonesa mantendrá los contactos con el ministerio, los grupos parlamentarios y las demás instituciones afectadas para que se busquen fórmulas alternativas al polémico precepto reglamentario y se solucione el conflicto de manera extrajudicial. Esta colaboración con los implicados se tradujo, entre otras acciones, en la reunión de la presidenta del colegio de secretarios, Pilar Ortega, con el equipo de gobierno y los grupos políticos de la Diputación para analizar la situación creada por el reglamento. Ortega solicitó entonces un régimen para las juntas vecinales que sea posible cumplir.
