Los secretarios recurren la norma que los obliga a asistir a los pueblos

m. rabanillo | león

El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de León (Cosital) recurrirá la disposición de Real Decreto 128/2018 que obliga a los funcionarios a realizar las funciones de secretaría de las entidades locales menores. Según informó ayer el colectivo en un comunicado, el colegio considera que el reglamento «se ha aprobado ignorando por completo tanto la realidad de la organización y funcionamiento de los ayuntamientos y de las entidades locales menores de la provincia de León, como las alegaciones presentadas por el colegio durante el trámite de elaboración del Real Decreto».

La decisión del colegio fue acordada en una asamblea,en la que se puso sobre la mesa las «dudas e inquietudes» que suscita la norma, que se considera «manifiestamente ilegal», ya que, a su juicio, contraviene la Ley de Bases del Régimen Local «puesto que atribuye a los funcionarios con habilitación de carácter nacional funciones en puestos de trabajo que no existen, ya que no han sido creados por el órgano competente». Además, el colectivo arguye que «la atribución realizada es incierta, ya que no está claramente determinado qué funcionario con habilitación nacional ha de ser el que realice estas funciones, en el caso de haber varios en el municipio».

Los secretarios, que recabarán el apoyo del colegio nacional para interponer el recurso anunciado, aseguran que la «inmensa mayoría de los funcionarios con habilitación de carácter nacional carecen de medios personales y materiales para el adecuado ejercicio de sus funciones» y, en consecuencia, «a duras penas puede cumplir con el cada vez mayor número de exigencias que le impone la normativa actual». Teniendo en cuenta que la provincia cuenta con 211 municipios y 1.435 juntas vecinales, las circunstancia antes mencionadas «hacen inviable multiplicar por siete, ocho, diez, veinte o más dichas obligaciones, ejerciendo las funciones reservadas en cada una de las entidades locales menores que forman parte del municipio». Esta situación, además, se complica aún más según el colegio de secretarios de la provincia cuando «la práctica totalidad de las entidades locales menores carecen de recursos siquiera para la adquisición de equipos y programas informáticos, lo que imposibilita materialmente el desempeño de las funciones reservadas».

El recurso anunciado por el colectivo invocará la nulidad de la Disposición Adicional quinta del reglamento, que fue aprobado el pasado 16 de marzo y redactado conforme a la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como la Ley Montoro.

Dicho reglamento también ha sido criticado desde el partido socialista de León. El PSOE considera que el hecho de que las funciones las tengan que realizar los secretarios de los ayuntamientos «dificulta el futuro de las pedanías». Por ello ha pedido la retirada del reglamento que, a juicio del secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, «lo que oculta, sin lugar a dudas, es que se quieren cargar las juntas vecinales».

Cendón insistió en que para León las pedanías son una referencia, por lo que anunció que «el PSOE va a estar a la altura y tanto en la Diputación, Cortes, Congreso y Senado vamos a demandar que esto no ocurra porque las juntas vecinales son una seña de identidad de nuestro partido y de estos territorios».