Regadíos
Seiasa recupera 8,13 M€ por las reparaciones en el Páramo Bajo
Los tribunales condenan a la adjudicataria y su proveedor en el sector I, pero no en el V
Imagen de archivo de una de las 120 roturas de tuberías que sufrió la Comunidad del Páramo Bajo en tres de sus sectores de riego. DL.
La chapuza en las obras de mejora y modernización del regadío en el Páramo Bajo, que obligó a la sustitución de al menos 17 kilómetros de tuberías, ante los reventones y fallos en las piezas especiales —al menos, 119 incidentes— han dado una de cal y otra de arena a la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (Seiasa), que ha logrado que los tribunales le den la razón en sus pretensiones por el arreglo del sector I de riego se refiere, pero no en el sector V, donde el fallo judicial apunta a que la empresa pública recibió las obras y refiere que en el proyecto de ejecución de la obra se omitía la especificación de las piezas que presentaron problemas, por lo que desestima una demanda. Seiasa pretendía en este pleito recuperar los 803.347,46 euros destinados a reparaciones.
Fallos del redactor
Una sentencia aprecia carencias en el proyecto de la empresa pública, que exigía 803.000 €
En el sector I, consigue una condena de la empresa que fabricó las tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) y la unión temporal de empresas (UTE) que ejecutó las obras. Ambas deben reintegrar a la mercantil estatal 8.137.841,27 euros, que incluyen el coste de los trabajos de reparación y otros derivados de esta labor, como reparaciones ejecutadas por Tragsa, acopio de piezas, franquicias de los seguros de responsabilidad civil y horas dedicadas por los técnicos de Seiasa.
La Audiencia Provincial de Madrid confirmó en todos sus términos la sentencia de primera instancia, pues no llegó a firmarse la entrega definitiva de las obras, ya que durante la puesta en marcha de las instalaciones y su plazo de garantía las roturas fueron constantes —continuaban incluso durante el proceso judicial y tras efectuarse la sustitución de piezas, cita el fallo judicial—. Este hecho motivó el aumento de tiempo del segundo periodo citado. Por otra parte, Seiasa diseñó un plan de reposición de las conducciones afectadas, para su ejecución entre 2014 y 2017, por un importe de 8.084.991,99 euros, que ejecutó mediante encomiendas a Tragsa —también estatal— ante la negativa de la UTE a acometerlo.
VICIO OCULTO
La Audiencia rechaza que el suministrador de tubería esté exento de responsabilidad, ya que existió «un defecto evidente de fabricación», que el organismo designado por Seiasa para controlar la calidad del material fabricado no pudo detectar en los controles previos a su instalación, al tratarse de un «vicio oculto». Subraya, además, que fue la UTE adjudicataria y no Seiasa quien contrató directamente al proveedor.
Por otra parte, desestima el argumento de las demandadas que considera prescrito el plazo para ejercer acciones judiciales, puesto que este empieza a contarse en el «momento en que los daños se han consolidado» y no cuando aparecieron las roturas, en 2008, pues «todavía no se sabe la entidad y gravedad que van a tener» las roturas. Otro argumento que desestima el fallo es la contratación de las reparaciones «por un precio muy superior al de mercado sin un motivo legítimo» y sin un proceso de licitación que lo hubiera abaratado, tesis que rebate con la «urgencia de la reparación» para que los agricultores regasen y porque la UTE tuvo la oportunidad de acometerlas. Las apelantes llegaron a argumentar el mal uso del sistema por parte de los regantes, razonamiento que no comparte la sala.