Una sentencia anula las multas de uno de los radares de la Ruta de la Plata
Un juzgado de Oviedo declara ilegal la sanción porque tan solo se aportaba una fotografía
Una sentencia pionera que se acaba de dictar en un juzgado de Oviedo anula de facto todas las sanciones que ha puesto uno de los radares que controla la velocidad en la A-66, conocida como Ruta de la Plata, concretamente el que está situado en el punto kilométrico 13,4 de la autovía.
El fallo, dictado el pasado 7 de octubre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, da la razón a un conductor que fue cazado por este dispositivo el 24 de febrero de 2021 a las 9.57 horas. Circulaba entre Avilés y Gijón a 133 kilómetros por hora cuando la velocidad en esta vía está limitada a 120. Cuando recibió la notificación en su domicilio, el infractor, defendido por el abogado Germán López Iglesias, recurrió y pidió el archivo porque solo se adjuntó una imagen en la que podía leerse la matrícula del vehículo. Esta sentencia abre la puerta a miles de recursos, bajo la misma premisa, en toda España.
En el escrito de alegaciones, el letrado justificó la ilegalidad apoyándose en las normas técnicas y la legislación que regula los cinemómetros. La ley señala que se deben aportar al menos dos imágenes en las que se revele ese exceso de velocidad. En la normativa queda claro: «Se le exigirá al menos dos fotogramas del vehículo infractor tomados en diferentes instantes: uno de ellos mostrará una visión panorámica del vehículo; el otro su placa de identificación».
Durante el juicio, la DGT presentó en su descargo, según explican fuentes cercanas al caso, y recogen varios periódicos del Principado, una nueva imagen, que no fue aceptada por el tribunal, ya que solo se trataba de una ampliación de la primera que no aportaba más datos de los ya recogidos en esa primera sanción.
El dispositivo de control de la A-66 que ha sido objeto del recurso es uno de tipo multanova 6F-MR que, según los datos disponibles, ha interpuesto hasta 7.074 sanciones en los últimos meses por un importe global de 737.600 euros. Tras conocerse el fallo, «la DGT debía iniciar un procedimiento y anular todas las multas», traslada el abogado.