sábado 18/9/21

Una sentencia obliga a pagar 60.000€ al Ayuntamiento por un Wifi no contratado

El servicio quedó sin abonar entre los años 2016 y 2019 por la anterior corporación
Plaza del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. BRUNO MORENO

Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan a abonar a una empresa de telecomunicaciones 63.633 euros correspondientes a los servicios que esta compañía prestó al consistorio por un servicio Wifi que nunca fue contratado ni pagado durante más de tres años.

El Ayuntamiento ha informado que «a esta cifra hay que añadir el interés legal desde que la empresa formuló la reclamación administrativa en noviembre de 2019». Desde el equipo de Gobierno se ha explicado que «según recoge la sentencia, tanto el segundo semestre de 2016 como las anualidades de 2017 y 2018 y varios meses de 2019 la empresa prestaba un servicio de distribución de señal de internet Wifi sin que mediara contrato más que las solicitudes verbales de continuidad del servicio». Dichas solicitudes luego no se abonaban por parte del consistorio.

De la lectura de la sentencia se desprende que las pruebas periciales presentadas acreditan que, aunque no existiera la necesaria cobertura legal, los servicios fueron prestados por la empresa sin que mediara formalización de contrato alguno por parte del anterior equipo de gobierno.

Con el cambio de gobierno que se produjo tras las elecciones de mayo de 2019, los nuevos representantes se encontraron con la reclamación por parte de la empresa de telecomunicaciones ‘Los 8 caños’ que solicitaba el pago de las facturas pendientes.

El Ayuntamiento ha apuntado que «esta reclamación no fue atendida siguiendo las indicaciones de Intervención municipal, al no encontrar base contractual alguna para aprobar y realizar los pagos».

Desde el equipo de Gobierno han lamentado tener que afrontar ahora este pago «inesperado y cuantioso», diciendo que es achacable plenamente a la «negligencia del anterior equipo de gobierno al frente del Ayuntamiento, bien por no formalizar contractualmente un servicio que se estaba prestando, o bien, por no cancelar un servicio que no deseaba seguir contratando ni recibiendo».

Una sentencia obliga a pagar 60.000€ al Ayuntamiento por un Wifi no contratado