Diario de León

Caza furtiva

Sorprenden a cuatro furtivos cazando sin permiso en el parque de Babia y Luna

Los cazadores usaban silenciadores. SEPRONA

Los cazadores usaban silenciadores. SEPRONA

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La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigados a cuatro cazadores como presuntos autores de un delito relativo a la protección de la fauna tras ser sorprendidos cazando sin autorización y con silenciadores en el Parque Natural de Babia y Luna, en el término de Cabrillanes.

La Subdelegación del Gobierno ha informado en un comunicado de que desde que el pasado 15 de julio se iniciará la veda del rebeco, la Guardia Civil viene realizando servicios dirigidos a prevenir la caza furtiva de esta especie.

En uno de estos servicios, el pasado jueves día 29 de julio, el Seprona de Villablino localizó a cuatro cazadores que fueron sorprendidos cazando en cotos distintos a los que pertenecían, concretamente en los cotos de caza de Meroy y La Cueta, ambos pertenecientes a la comarca de Babia.

En la identificación se les han incautado dos rifles de caza, cada uno de ellos provisto de un silenciador para que los disparos no fueran oídos por ganaderos y pastores, así como un visor térmico prohibido para la caza y que facilita en gran medida la búsqueda de la especie a cazar.

Los cazadores, residentes en las provincias de Madrid, Toledo y Guadalajara, junto con las diligencias y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e instrucción de Villablino por un delito relativo a la protección de la fauna.

Los cazadores se enfrentan a varias infracciones administrativas a la Ley de Caza de Castilla y León y al Reglamento de Armas.

Conforme al Código Penal estas cuatro personas por cazar en coto ajeno se enfrentan a una pena de multa de ocho a doce meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años.

En cuanto a las infracciones administrativas, se enfrentan a infracciones graves y muy graves a la Ley de Caza de Castilla y León que van desde los 390 euros a los 3.903 euros para las graves y desde los 3.903 a los 78.077 para las muy graves, así como infracciones al Real Decreto que regula el Reglamento de Armas.

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