La subida de hasta un 20% en las tarifas eléctricas levanta ampollas entre los regantes

El incremento de las tarifas eléctricas tras la entrada en vigor el 3 de agosto de la nueva regulación impuesta por el Gobierno central ha enfadado a los regantes, que en las últimas semanas han recibido las primeras facturas con un aumento que, reflejado en coste económico, se situará entre el 14 por ciento que calculan algunos agricultores, dependiendo de los precios que tuvieran en sus antiguos contratos, y el 20 por ciento que estima la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Esta subida del coste es consecuencia de un encarecimiento de las tarifas en concepto de término de potencia o mínimos, que puede llegar a ser de hasta un 125 por ciento, también según lo contratado por cada uno, para un sector que consideran ya maltratado con precios bajos en origen y altos costes de producción, al que se suma ahora la energía eléctrica.

Este importante aumento del precio de la electricidad ya tiene un “impacto tremendamente negativo” sobre los regantes castellanos y leoneses. “El nuevo escenario que se ha dibujado tras la decisión del Ejecutivo central está resultando devastador para la estabilidad económica de una pieza crucial en el entramado agrario regional, como son los pozos de riego, ya que los agricultores están soportando un incremento medio del 125 por ciento en el término de potencia de su factura eléctrica”, relata en declaraciones a Ical Gustavo Martín, técnico de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) en la zona de Medina del Campo (Valladolid).

Para esta organización, el incremento tarifario resulta “devastador” para la estabilidad económica de una pieza crucial en el entramado agrario. Por ello, Martín demanda al Ministerio de Industria una rectificación encaminada a ajustar las tarifas eléctricas agrarias a la rentabilidad del sector primario.

Así, si un pozo de media-alta tensión con una potencia contratada de 50 kilovatios pagaba 2.249 euros al año como parte fija de la factura con la anterior regulación -en concepto de término de potencia o mínimo-, desde el 3 de agosto abonará 5.060 euros. Este incremento no se ve compensado con la disminución del precio del kilovatio consumido, que se sitúa aproximadamente en un intervalo del 15 y 20 por ciento.

En el caso de los contratos de baja tensión, una modalidad que representa a la gran mayoría y que utilizan los regantes y muchas explotaciones ganaderas, las perspectivas son aún peores, ya que los incrementos de los mínimos para este tipo de instalaciones superan el 140 por ciento.

Uno de estos ejemplos es Marino Gil, profesional agrario de la zona sur de la provincia vallisoletana. “Un agricultor que riega poco sufrirá una importante subida de su factura. Priman el consumo”, señala este regante, quien reclamó la aplicación de una estacionalidad por tarifas, para que no se cobre lo mismo en los periodos de mayor intensidad de los regadíos, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, que en el resto del año.

Hasta un 80% en los últimos años

El aumento es más apreciable si se comparan los costes de los últimos años. Así, con esta nueva subida, el aumento desde 2008 es del 80 por ciento, pues pasa de los 306 euros por hectárea de media en aquel ejercicio a los 546 del pasado año, siempre utilizando al máximo las horas valle y en cultivos intensivos como la remolacha o la patata.

Martín señaló otro aspecto negativo y es que por ley las compañías eléctricas sólo permiten una modificación de las potencias contratadas al año, de modo que si en septiembre el agricultor reduce la potencia en alguno de los tres periodos que tiene para regar (punta, llano o valle), no podrá elevarlo en abril, o viceversa.

Además, en la gran mayoría de las instalaciones durante todos los meses del invierno en los que no se riega, la parte correspondiente a las pérdidas de trasformación se paga aunque el regante se lleve el transformador a su casa para evitar robos, dado que el acumulador se encuentra antes del contador, y las compañías lo cobran como una constante, cantidad importante a añadir al mínimo en cada factura.

Modelo francés

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, aseguró hace unos días que trasladaría a los ministerios de Industria y de Agricultura el “malestar” del Gobierno autonómico por esta nueva regulación que, a su juicio, pone “en peligro” la modernización de los regadíos.

Igualmente, informó de que remitirá un documento en el que se recojan las pretensiones del Ejecutivo autonómico y se establezcan tarifas estacionales y adaptadas a las necesidades de los agricultores.

Clemente recordó que el objetivo de las modernizaciones es “gastar menos en energía” y consumir “menos agua” e insistió en que la nueva regulación no tiene en cuenta el carácter “estratégico” del sector y encarece de manera “muy importante” los costes de los profesionales.

Tanto la consejera como los regantes apostaron por modelos como el francés, que establece momentos determinados para acceder a mayor potencia “cuando realmente se va a utilizar”.

Desde la Asociación de Comunidades de Regantes, Ferduero, también se han dado pasos encaminados a frenar la enorme repercusión que el gasto energético supone para las zonas modernizadas, sobre todo por las continuas subidas del término de potencia y los peajes de acceso.

Además de pedir al Gobierno que frene estos incrementos y que permita pagar por la potencia realmente utilizada o que legisle la posibilidad de hacer dos contratos por campaña sin limitar la duración de los mismos (uno para los meses de máximo consumo y otros para el resto), la Asociación ya ha empezado a dar los pasos para la contratación conjunta de energía para el año 2014.

El pasado 15 de octubre se reunió el Grupo de Trabajo de la Energía formado por técnicos de las comunidades de regantes implicadas, que recibió a cinco empresas dedicadas a la gestión y el asesoramiento energético. Así se trabajará, en principio, con empresas que contraten energía indexada al 'pool', que consiste en realizar una única compra en el mercado mayorista con un precio fijo para todo el año.

Ferduero realiza en la actualidad, sin costes, un estudio a cada comunidad con la intervención de tres empresas expertas en este tipo de compra de energía para ver la comparativa entre la facturación del último año (del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013) y la compra indexada. El plazo para la presentación finaliza el 8 de noviembre y en la semana siguiente se reunirá de nuevo el Grupo de Trabajo y las comunidades interesadas para acordar el camino a seguir. En definitiva, se pretende conseguir ahorros que mejoren la competitividad de los regantes de la cuenca del Duero.