Todas, en la braña de San Miguel
Las tres parcelas que constan en el Catastro a nombre de Mario Rivas se encuentran en la braña de San Miguel, una gran superficie rústica en la que la familia Rivas López posee más fincas y que han sido objeto de numerosas polémicas. Entre ellas, la que aún les enfrenta en los juzgados con Antonio Arias Tronco, propietario de la 296, que parte por la mitad las propiedades acumuladas en los últimos años por la familia del alcalde y que fue la causa de la paliza recibida por este empresario a manos de Rubén Rivas y su padre y que fue grabada y publicada por Diario de León. Todas ellas lindan con la finca de Rubén Rivas, la 295, a cuyas puertas tuvo lugar la citada agresión.
Las parcelas 292, 293 y 294, también propiedad de la familia Rivas López, adquiridas asimismo en la liquidación de CMC, albergan los restos de un antiguo cargadero de carbón de la explotación del Feixolín que ha sido convertida por Mario Rivas y su familia en un almacén que se está utilizando para albergar cabezas de ganado a pesar de que el Plan de Ordenación Urbana del propio Ayuntamiento lo prohíbe. De hecho, en la propio expediente consta que el uso que se dará a la nave será exclusivamente de almacenamiento agropecuario.
Los bienes que en su día fueron de CMC y su reversión a los pueblos ha generado varias polémicas en los últimos años, como también los fondos para la restauración de las ruinas mineras. De hecho, y según denunció la pedánea de Caboalles de Abajo y concejal de Ciudadanos, Teresa Martínez, el Ayuntamiento de Villablino ha dedicado los fondos destinados a la seguridad de las zonas mineras sólo a la braña de San Miguel, enclave de Villablino en el que se encuentran las tierras de la familia Rivas y donde ésta desarrolla su actividad ganadera, mientras que el resto de las pedanías se ha quedado fuera de estos trabajos de recuperación con el consiguiente peligro que entraña para la seguridad de los vecinos y ganados. María Teresa Martínez destaca que el Ayuntamiento de Villablino presentó ante la Junta de Castilla y León una memoria explicativa de todas las zonas mineras que presentaban problemas de seguridad, con el objetivo de subsanarlo. Sin embargo, poco después el consistorio —o sea, el propio alcalde— decidió que los trabajos que comenzaron en el año 2020 fueron «tan sólo» para esta zona de San Miguel. Teresa Martínez recuerda que el pueblo de Caboalles de Abajo fue el primero en solicitar al servicio de Minas la restauración para la seguridad de personas y ganado.