martes 26/10/21

Todo el organigrama de seguridad imputado en las investigaciones

El emblema de la Vasco. J.F.S.

Dieciséis personas, desde el presidente de la compañía a los vigilantes de seguridad (incluso los que estaban de vacaciones o en otros grupos de la empresa el día del accidente). A ellos se les exigen responsabilidades penales por no haber previsto la posibilidad de que ocurriera un accidente que costase la vida a los mineros que trabajaban en el taller, a pesar de los distintos signos de peligrosidad que se venían evidenciando.

Los argumentos de las defensas se aferran al cumplimiento de la normativa, a los numerosos informes presentados por sus peritos, a las contradicciones entre los aportados por el resto de las partes y al hecho de que los vigilantes que trabajaban en la mina (incluido el que falleció en el accidente) siguieran bajando al pozo sin anotar en los distintos libros y registros incidencias que consideraran especialmente relevantes.

Las defensas señalan que en el informe de la Sección de Minas de la Junta se apunta que la causa del accidente es el hundimiento de la bóveda y no un desprendimiento instantáneo, a pesar de que en una resolución de 2014 esta misma autoridad minera declaró el Macizo 7 como sospechoso de desprendimiento instantáneo. Un informe, recalcan, que «en ningún momento dice que no se cumpliesen adecuadamente las medidas en materia de prevención laboral».

Además el actuario, «que es quien regularmente visitaba la explotación», no firmó el informe y «cuando se le preguntó si está de acuerdo con las conclusiones de la Autoridad Minera contesta no que está de acuerdo».

Por lo que se refiere al informe del perito judicial, señalan que no considera que la causa del accidente fuera el hundimiento de la bóveda, «dice que es muy poco probable». Y que se debió a una aparición súbita de un fenómeno gaseodinámico. Sin embargo, estima que se incumplieron adecuadamente las medidas de seguridad. «Cuando se le pregunta si conocía las auditorías de Auditores del Noroeste, responde que no tuvo acceso a ellas».

Por lo que se refiere a los informes de las defensas, desde el director facultativo de la explotación (cuya tesis doctoral se centró en las modelizaciones de los desprendimientos instatáneos de metano en las explotaciones subterráneas de carbón por sutiraje) a doctores ingenieros, catedráticos y centros tecnológicos especializados, «todos concluyen que, pese a las medidas de seguridad, procedimientos adoptados y formación y capacitación del personal el suceso fue de carácter imprevisible en su magnitud.

Recuerdan también que el perito que ha realizado el informe presentado por parte de las acusaciones había trabajado en otras explotaciones de la Hullera Vasco Leonesa, pero «son falsos» los cargos de responsabilidad en la empresa que se atribuye en dicho informe.

Vigilantes

En el caso concreto de los vigilantes de seguridad, el despacho SGVG que lleva su defensa explica que de los dos uno estaba de vacaciones desde hacía días y el otro fue destinado a otro grupo de la empresa (el Flanco Sur), y «no es un vigilante, sólo asume las atribuciones de un compañero ausente, por orden de un superior».

Recuerdan también desde el despacho que ningún vigilante de primera o segunda ha sido imputado en la causa. «Ningún vigilante de segunda, llamados también de explotación, cuyas funciones coinciden en lo esencial con los vigilantes de primera, aunque con presencia física en la explotación al mando de un grupo inferior de trabajadores, han sido imputados». E inciden: «Si para el vigilante de la explotación que falleció con su grupo en la galería no fue previsible el desafortunado accidente, cómo es posible que se exija su previsión a los vigilantes que no tienen presencia en el lugar concreto en el que se está desarrollando la tarea».

Todo el organigrama de seguridad imputado en las investigaciones
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