El 51% de los proyectos para las cuencas se pagaron pese a no estar debidamente justificados

El Tribunal de Cuentas ha detectado incidencias en la justificación del 51 por ciento de los convenios Miner aprobados entre 2006 y 2017, según se recoge en el informe que este organismo ha realizado para analizar la gestión de las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras. En el documento, el tribunal asegura que «la verificación de la justificación de la ejecución de los convenios pone de manifiesto

múltiples deficiencias derivadas de la insuficiencia y del excesivo grado de discrecionalidad de

la regulación existente» y que las ayudas no estaban incardinadas en un «plan estratégico» de subvenciones pese a que se reconocieron un total de 1.786 millones de euros. «Los diferentes planes del carbón aprobados carecían de los elementos esenciales para poder surtir los efectos de los planes estratégicos», añade el tribunal, ya que «no se habían definido objetivos ni indicadores para realizar un seguimiento de los progresos conseguidos con ellos, ni se cuantificaba el impacto que se esperaba lograr con la acción institucional».

El informe denuncia las «deficiencias» en la preparación de los planes del carbón que se tradujeron en la inclusión en ellos de medidas que luego no se concretaron en ninguna actuación ni tuvieron recursos presupuestarios, la seguridad minera, y las medidas de apoyo a la formación.

El descontrol en las subvenciones se vio favorecido por la falta de medios técnicos y humanos del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), lo que dificultó «una gestión eficiente de los recursos económicos»

En el análisis de las subvenciones, el Tribunal de Cuentas detecta deficiencias y falta de control interno, y que «los procedimientos de selección de actuaciones no se siguieron en todos los proyectos financiados, que los proyectos ejecutados no se correspondían con el contenido literal de las actuaciones previstas en los convenios o que la

justificación presentada era incompleta o no permitía acreditar fehacientemente la aplicación de los fondos».

También se refiere el informe a la distribución territorial de los fondos, y asegura que la falta de criterio llevó a «sobredimensionar» los fondos recibidos por el Principado de Asturias —612,4 millones de euros, un 51 por ciento del total— frente a los que llegaron, por ejemplo a León y Palencia, que recibieron 242,4 millones de euros, un 20 por ciento del total.

El tribunal asegura que «la aplicación de los parámetros que sirvieron de base para decidir la distribución de los fondos entre las distintas comunidades autónomas no ha podido ser contrastada, al no haberse concretado los criterios de cálculo en el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras ni conservar el referido Instituto los antecedentes de cómo se efectuaron los mismos».

También denuncia que «no se previeron, ni se exigieron, exámenes de viabilidad de las actuaciones a financiar, ni se definieron criterios de priorización, ni se tuvo en consideración en la selección de las ayudas la existencia de subvenciones anteriores pendientes a la misma infraestructura».

El Tribunal de Cuentas destaca que hubo infraestructuras financiadas que nunca se pusieron en uso, que ni los programas presupuestarios, ni los Planes del Carbón, ni las disposiciones normativas dispusieron los objetivos e indicadores adecuados y concretos que permitieran efectuar un seguimiento y valorar la consecución de las metas de los mismos y su impacto y que ni las comunidades ni el IRMC efectuaron los estudios de seguimiento previstos en los Planes del Carbón.

En concreto, cree que no se ha obtenido una evidencia sustancial de que las subvenciones otorgadas y los recursos dispuestos por estos planes hayan tenido un impacto en la mitigación de la disminución de la población en Asturias, León y Teruel.