Diario de León

19 afectados en León

El Tribunal de Cuentas pide retener tributos a los ayuntamientos incumplidores

Diecinueve entidades locales leonesas se verían sancionadas

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Ana B. Vázqez | León
León

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El Tribunal de Cuentas ha pedido al Gobierno que retenga los tributos estatales que corresponden a las entidades locales que no cumplan con sus recomendaciones y que promueva una ley que les restrinja el acceso a ayudas y subvenciones públicas a las que no hayan rendido cuentas. La medida afectaría en la provincia a diecinueve municipios —Cacabelos, Campazas, Candin, Castrocontrigo, Chozas de Abajo, Crémenes, Encinedo, La Pola de Gordón, Matallana de Torío, Oencia, Peranzanes, Posada de Valdeón, Reyero, Riaño, Santiago Millas, Sobrado, Valderas, Villablino y Villaornate y Castro— que aún no han rendido cuentas, según señalan datos del informe de fiscalización de las entidades locales de 2019 del Tribunal de Cuentas.

Por su parte, trece municipios —Berlanga del Bierzo, Las Omañas, Oseja de Sajambre, Palacios de la Valduerna, Ponferrada, Quintana del Marco, San Emiliano, Sancedo, Santa María de la Isla, Toreno, Villamanín, Villaquilambre y Villaselán— lo han hecho recientemente, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 23 de julio de 2019. El resto de entidades locales presentaron sus cuentas generales durante el periodo anterior, figurando así como positivas. El informe de fiscalización del sector público local aprobado por la entidad en 2017, señala que el 60 por ciento rindieron las cuentas en plazo y, a 31 de diciembre de 2018, el 75 por ciento «porcentajes insuficientes, aunque similares» a los del ejercicio anterior.

Recientes

Trece entidades locales presentaron sus cuentas durante el 1 de enero hasta el 23 de julio

Ante el incumplimiento de algunas de sus recomendaciones, el Tribunal resalta la «necesidad perentoria» de aplicar retenciones a las entidades locales que no rindan las cuentas generales, y que se promueva una iniciativa legislativa para establecer como requisito, para el acceso a subvenciones o ayudas públicas, estar al corriente en la rendición de cuentas.

Tras la fiscalización, el informe recoge, entre otras conclusiones, que los plazos de rendición de cuentas resultan excesivamente dilatados y, en el caso, de Madrid, Castilla y León y Andalucía, sus plazos difieren del de la normativa estatal, lo que afecta a la homogeneidad de la información. Los niveles más bajos correspondían a Andalucía y los más altos a la Comunidad Valenciana y Aragón, que tienen medidas legales que condicionan la concesión de subvenciones o ayudas públicas al cumplimiento de la obligación de rendir cuentas.

El Tribunal aprecia que el endeudamiento disminuyó un 11 por ciento respecto al ejercicio anterior y que el mayor nivel corresponde a los ayuntamientos de mayor población, como Madrid, y a varias diputaciones, como la de Barcelona. Sobre la contratación pública y los convenios suscritos, el documento señala que se detectó que en 1.158 contratos, por 1.485 millones de euros, no se cumplió con la obligación de remitir el expediente de contratación.

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