Un plan que emana de la ley

El Plan General de Caza de Castilla y León, una orden que emana de la nueva ley de caza aprobada por las Cortes en marzo y que se encuentra a las puertas del Tribunal Supremo a petición del Defensor del Pueblo. A juicio del TSJCyL ya que la norma deja sin efecto la medida cautelar que adoptó la Sala de lo Contencioso-Administrativo ante un recurso planteado por el Pacma. Al contrario que las órdenes de caza, el plan prevé una vigencia de cinco años. Según la propuesta incide en que su finalidad es «mantener el adecuado equilibrio ecológico, para garantizar «el estado de conservación de las especies cazables y su utilización razonable». No contempla «la exclusión temporal de la actividad de ninguna de las especies cazables, al no estar justificada la medida en atención a la mejor información técnica disponible». Precisamente el recurso del Pacma planteado contra la anterior normativa incidía en la falta de estudios de la afección de la actividad cinegética de las distintas especies.